Resumen: Este artículo tiene dos propósitos: en primer lugar, realizar un estado de la cuestión sobre la historiografía de la reforma carcelaria impulsada durante el peronismo clásico (1946-1955), cuyo protagonista central fue Roberto Pettinato, Director General de Institutos Penales de la Nación y presentar nuestras coincidencias y diferencias con las interpretaciones más establecidas en la narrativa historiográfica (en especial, las contribuciones de Lila Caimari, José Daniel Cesano y Jeremías Silva). En segundo lugar, plantear la vitalidad que conserva esta temática para los estudios históricos; los problemas metodológicos a los cuales nos enfrentamos y los notorios vacíos historiográficos todavía existentes. Así, esperamos que este trabajo contribuya a la proliferación de nuevas investigaciones sobre la reforma carcelaria llevada adelante por Roberto Pettinato a lo largo de casi una década.
Palabras clave: Sistema Penitenciario Argentina,Pettinato,Peronismo.
Abstract: This article has two purposes: first, to make a state of the question on the historiography of the prison reform promoted during the classic Peronism (1946-1955), whose central protagonist was Roberto Pettinato, General Director of Penal Institutes of the Nation, and to present our coincidences and differences with the most established interpretations in the historiographic narrative (especially, the contributions of Lila Caimari, José Daniel Cesano and Jeremías Silva). Secondly, to raise the vitality of this topic for historical studies; the methodological problems we face and the notorious historiographical gaps that still exist. Thus, we hope that this work will contribute to the proliferation of new research on the prison reform carried out by Roberto Pettinato for almost a decade.
Keywords: Penitentiary System, Argentina, Pettinato, eronism, Peronism.
Artículos
La reforma penitenciaria peronista a debate (Argentina, 1946-1955)
Recepción: 13 Mayo 2021
Aprobación: 19 Septiembre 2021
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La reforma penitenciaria realizada durante el denominado peronismo clásico (1946-1955) fue impulsada por Roberto Pettinato, autoridad máxima de la Dirección General de Institutos Penales (en adelante DGIP)[1], que en esos años albergaba a una veintena de establecimientos en la Capital Federal y en los Territorios Nacionales (Misiones, Formosa, Chaco, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz)[2], alojaba alrededor de 3500 personas (56% condenados)[3], y tenía, en varios establecimientos, una abundante sobrepoblación[4].
¿En qué consistió la reforma penitenciaria realizada por Pettinato? Ésta tuvo dos destinatarios principales: la población penada de la DGIP (entre el 25 y el 30 % del total del país)[5] y los funcionarios penitenciarios. En lo que respecta a los reclusos cabe señalar brevemente: a) La mejora en la alimentación: atendiendo a las proteínas necesarias, a las condiciones geográficas y climáticas y siendo similar para penados y agentes; b) La salud: la construcción de hospitales penitenciarios, consultorios odontológicos, servicios de radiología y fisioterapia, etc.; c) La sexualidad: implementando las visitas íntimas para los reclusos -inicialmente casados, a posteriori también solteros-a fin de fortalecer los vínculos con su familia; d) La actividad física: observable en la construcción de natatorios olímpicos, la realización de torneos de fútbol inter-penitenciarios, de gimnasia y la instalación de campos de deportes en todos los establecimientos penales; e) El trabajo: creación de la Escuela Industrial Penitenciaria donde los internos recibían enseñanza de artes y oficios y se otorgaban títulos sin dejar constancia que los estudios fueron realizados dentro del penal[6]; la instalación de talleres de mecánica dental -allí se confeccionaban prótesis para penados y penitenciarios-; la promoción de actividades de carpintería, zapatería, panadería, escobería, mimbrería, imprenta, granja, etc. Asimismo, se aumentó el peculio a 1 peso diario -anteriormente se abonaban 20 centavos-, se incorporó el aguinaldo y se estableció la indemnización por accidentes de trabajo; e) Promoción de la cultura: instalación de bibliotecas, el periódico para penados Mañana[7]; los actos musicales, culturales y deportivos para penados, etc., f) Creación del Régimen Atenuado de Disciplina en el Pabellón 7 de la Penitenciaría Nacional destinado a los penados de buena conducta, que les restaba cumplir un tercio de la condena y donde se emulaban condiciones similares a la futura vida en libertad[8]; g) El cierre del temido Presidio de Ushuaia, conocido como “la Siberia criolla”, la eliminación del deprimente traje a rayas, los humillantes grillos para los traslados y el corte del pelo al ras; h) Se atendió a la esfera post- penitenciaria a través de la Dirección de Asistencia Social que tomaba contacto con los futuros “egresados” antes de finalizar la condena, facilitándole los documentos que necesitaran, procurándoles colocación y apoyando su reinserción social[9]. Por último, i) El dictado, entre 1946 y 1949, de una serie de indultos y rebajas de penas que benefició a una tercera parte de la población carcelaria[10]. Cabe señalar que estas mejoras e innovaciones introducidas no implicaron, afirmaba Pettinato, un
relajamiento en la disciplina reinante en las cárceles argentinas ni un cambio en la finalidad que se persigue con la aplicación de la pena. Hay pues, en todas nuestras reformas, un nuevo espíritu de la persona de la pena; un nuevo sentido de la legislación penal que está de acuerdo con los postulados del cristianismo de un lado, y con la ciencia penal moderna de otro[11].
En lo que atañe a los funcionarios penitenciarios, se establecieron aumentos salariales buscando equipararlos con los de la Policía Federal; se dictó el Estatuto Penitenciario; se construyeron barrios cercanos a las cárceles para uso de los empleados; se creó un sistema de jubilaciones, pensiones y retiros por el cual se jubilaban a los 45 años, luego de 25 años de servicio, percibiendo el total de sus haberes; se estableció una obra social penitenciaria con múltiples beneficios -sanatorio, consultorio jurídico, sección deportiva, asistencia médica integral, subsidios, panteón social, caja de ahorros, seguro de vida, póliza familiar, colonia de vacaciones y campamento para fin de semana- y se entregaron nuevos uniformes. Asimismo, se fundó la Escuela Penitenciaria, para capacitar y perfeccionar al personal; allí recibían, en dos años, una formación teórica y práctica[12].
Hasta aquí una brevísima mención a las mejoras elaboradas desde la DGIP para los internos y los funcionarios penitenciarios. Es necesario profundizar en cada una de estas medidas a fin de constatar su efectiva concreción. Indagación que debe ir más allá de las publicaciones oficiales como la Revista Penal y Penitenciaria y el periódico Mañana. Indagación que será sumamente compleja de llevar adelante por la devastación documental y la ausencia de políticas de conservación de nuestros archivos, como ha señalado con acierto Lila Caimari[13]. Ahora toca ver de qué modo analizó la historiografía este proceso.
Hace casi dos décadas, en un texto fundacional, Lila Caimari planteó rupturas y continuidades de la gestión de Pettinato con las administraciones penitenciarias anteriores de los gobiernos conservadores[14]. En la misma dirección, los destacados trabajos de José Daniel Cesano[15] y Jeremías Silva[16] profundizaron en aspectos apenas esbozados por Caimari. En lo que atañe a las rupturas, los tres autores señalados (sin duda, los que han producido la mejor literatura científica)[17] dan cuenta de la “humanización del castigo” hacia los penados y las mejoras al personal penitenciario que detallamos anteriormente[18]; el empirismo y anti-intelectualismo de Pettinato que, sin estudios superiores y proveniente de la burocracia penitenciaria, era un profundo crítico de los criminólogos académicos, “de gabinete” que no tenían trato cotidiano con los penados; la intensa politización de las prisiones (visible en el periódico Mañana) y la estrecha relación de Pettinato con Juan Perón y Eva Duarte, que fue fundamental para impulsar la reforma penitenciaria. Asimismo, afirman que hubo un cambio discursivo fundamental sobre el castigo que pasó de estar históricamente centrado en los derechos de la sociedad a girar en torno a los derechos del preso.
Sobre las continuidades, plantean que las mejoras impulsadas por Pettinato formaban parte de una agenda penitenciaria preexistente que figuraba entre las preocupaciones de las elites y la opinión pública (tales como el cierre de Ushuaia, mejoras para presos, guardiacárceles y establecimientos) aunque no se hubiesen hecho efectivas. Asimismo, que Pettinato no modificó la ideología correccional del positivismo criminológico de fines del siglo XIX, basada en la tríada trabajo, educación y disciplina como pilares para la “resocialización” de los penados. También realizaron críticas por el -supuesto- uso de la prisión política como herramienta de disciplinamiento y silenciamiento de los opositores políticos, estudiantiles y sindicales.
En nuestra interpretación, que debe continuar profundizándose, priorizamos las rupturas antes que las continuidades[19]. Las rupturas fueron de índole biográfica; de proyecto penitenciario; político-ideológica y de voluntad de impulsar la reforma carcelaria. Veamos cada una de ellas.
Cuando atendemos a la procedencia de Pettinato, de extracción social baja y la confrontamos con la clase social acomodada de la que provenían los tres Directores Generales anteriores: Juan José O’ Connor[20], José María Paz Anchorena[21] y Eduardo Adolfo Ortiz[22]. Según indica el legajo de Pettinato, cursó hasta tercer año de comercial, era profesor de Jin Jitzu y hablaba español e italiano. Por su parte, sus antecesores en el cargo fueron abogados, doctores egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con cargos de importancia en el Poder Judicial y versados en lenguas extranjeras (basta observar el contenido de la biblioteca de O’ Connor, donada, en parte, a la DGIP). Por el contrario, Pettinato debió abandonar la escuela para trabajar varios años como dependiente en una tienda de la Capital Federal y se inició en los puestos más bajos de la burocracia penitenciaria[23]. Así, ingresó en agosto de 1934 a la Penitenciaría Nacional como ayudante principal en la imprenta de los boletines. Dos años después fue promovido a Subalcaide y en 1939 trasladado al Presidio de Ushuaia como Jefe de Sección Penal[24]. Cabe señalar que durante su quinquenio en la cárcel modelo de la avenida Las Heras, Pettinato fue premiado en varias ocasiones por su eficacia en “el mantenimiento de la disciplina y organización y arreglo de los pabellones” y obtuvo el Diploma de Honor y el Premio Estímulo[25]. Asimismo, fue muy diferente el horizonte de expectativas: mientras que para Pettinato acceder a ser Director de la DGIP era el objetivo de máxima, a fin de poder impulsar la necesaria y anhelada reforma carcelaria, para sus antecesores fue un trampolín hacia puestos más codiciados en el Poder Ejecutivo y en el Judicial[26]. Así, O’ Connor, fue Director General de Institutos Penales entre 1934-1937 y luego pasó a desempeñarse como Juez de lo Correccional en la Capital (falleciendo cinco años después en ese cargo). Paz Anchorena, tras su gestión entre 1937-1941, fue designado como Secretario del Presidente de la Nación Ramón S. Castillo y Ortiz, en 1946, fue ascendido a Juez de Sentencia en lo Criminal de la Capital Federal. Aún más, hasta los últimos instantes de su vida, el tema carcelario absorbió a Pettinato. Según nos han referido ex funcionarios penitenciarios, en 1993, poco antes de morir, Pettinato solicitó ser velado -y así se realizó- en la capilla de la Escuela Penitenciaria.
Pettinato estableció una estrecha relación con los países latinoamericanos. Si bien el Director General no cortó los tradicionales vínculos con el norte global[27], demostró, a diferencia de sus antecesores, una preocupación muy marcada por la construcción de un penitenciarismo de raíz latinoamericana. ¿Dónde podemos observar esto?: en la participación estelar en los congresos penitenciarios nacionales realizados en Brasil en 1952, 1953, 1954; en los viajes de estudio para conocer el sistema carcelario de Brasil, Chile y Perú; en el asesoramiento técnico que brindó para la construcción de grandes establecimientos carcelarios en Ecuador, Paraguay; Nicaragua y Panamá; en las visitas oficiales realizadas a la mayoría de los países de América del Sur y la designación en múltiples sociedades científicas; en la invitación a la Argentina de destacados penitenciaristas de Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Paraguay y Venezuela; en la importante labor de los representantes sudamericanos en la preparación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos sancionadas por la Organización de las Naciones Unidas en 1955 (hoy Reglas Mandela); en los artículos científicos y noticias sobre los países sudamericanos publicadas en la Revista Penal y Penitenciaria (Órgano de la DGIP) y finalmente en el intento -no concretado- de celebrar un congreso penitenciario panamericano en 1949[28].
Ésta fue una de las rupturas más ostensibles. Es muy conocida la adhesión de Pettinato al proyecto peronista y la estrecha vinculación con Juan Domingo Perón y Eva Duarte[29]. Tan notoria como el encono de Paz Anchorena al justicialismo. Así, éste, junto a otros quinientos católicos, en enero de 1946, apoyó la candidatura de Tamborini-Mosca de la Unión Democrática y consideró a Perón un totalitario[30]. En este punto, creemos que es preciso matizar el carácter apolítico de los “expertos” y “técnicos” antecesores de Pettinato. Basta recorrer las páginas del periódico carcelario El Domingo, ideado y editado por Paz Anchorena a partir de 1938, donde observamos permanentes loas al poderoso sector agropecuario (el campo), elogios a los gobiernos de Julio Argentino Roca[31], Agustín P. Justo y Roberto M. Ortiz y un furibundo antibolchevismo[32]. Tres cuestiones más acerca de la estrecha relación Pettinato-Perón. Primero, señalar el rol clave de los penados de la Penitenciaría Nacional y la Prisión Nacional en ocasión de la huelga de panaderos de agosto de 1947. En los establecimientos carcelarios, según afirmaba el periódico Mañana, dirigido por Pettinato, se produjeron más de doce mil kilos de pan para distribuir en asilos, hospitales e internados y mitigar los efectos del paro[33]. En segundo lugar, tras el derrocamiento de Perón, en septiembre de 1955, Pettinato, para evitar ser asesinado, se asiló en la Embajada de Ecuador donde permaneció más de un año (su hijo Roberto nació durante esta etapa). A fines de diciembre de 1956, la prensa daba cuenta que dos exiliados políticos, Armando Méndez San Martín (ex ministro de Educación) y Roberto Pettinato (ex Director de Penitenciarías), funcionarios del régimen depuesto, habían abandonado el país, dirigiéndose a Quito[34]. Pettinato fue acusado de malversación de fondos de la Escuela Penitenciaria, defraudaciones, falsificación de documentos y malos tratos a los penados y la interdicción sobre sus bienes fue levantada recién en 1962, durante la presidencia de José María Guido[35]. Por cierto, para repensar la idea del “revanchismo” peronista, el itinerario de Pettinato fue muy distinto al de Ortiz, que, tras su salida del cargo máximo de la DGIP, fue ascendido a juez. O al de Paz Anchorena que tras el triunfo de la autodenominada Revolución Libertadora y en los sucesivos gobiernos, ocupó cargos en la DGIP (por ejemplo, como Presidente de la Comisión Nacional de Construcciones Carcelarias)[36]. En tercer y último lugar, Caimari señala que la cercanía de Pettinato con el presidente Perón permitió llevar a cabo la reforma carcelaria. Ahora bien, dijimos que Paz Anchorena fue secretario personal de otro mandatario: Ramón S. Castillo. Repasemos: tanto Pettinato como Paz Anchorena tuvieron llegada directa a la máxima figura política de la Argentina (Perón y Castillo, respectivamente). Pero en un caso se llevó a cabo una vasta reforma carcelaria y en el otro no, lo que -creemos- demuestra a las claras que durante el gobierno peronista existió la voluntad política (y la asignación de recursos) de realizarla, voluntad ausente en la gestión conservadora (y fraudulenta) de Castillo[37]. Esto nos lleva al último punto de ruptura que implicó el peronismo en el mundo carcelario (y en tantos otros ámbitos).
Seamos claros y precisos. A nuestro juicio, nunca antes y nunca después, la situación de los penados y los funcionarios penitenciarios fue objeto de tanta atención por parte del Poder Ejecutivo Nacional como durante los años del peronismo clásico. Repasemos algunos ejemplos: el día de la asunción de Perón a la presidencia, 4 de junio de 1946, firmó decretos de reducción de sentencias por el cual progresivamente recuperaría la libertad un 25% de la población penada[38]. Luego, en los días siguientes, Perón realizó dos visitas a la Penitenciaría Nacional (de la que Pettinato ya era Subdirector)[39] para hacer el seguimiento del cumplimiento del decreto. El diario El Laborista, cercano al flamante gobierno, destacó la importancia de la presencia de Perón allí, afirmando que nunca antes un presidente se había “fijado en los muros gruesos y hoscos” de una cárcel. Por el contrario, el primer mandatario penetró en el régimen penal, estudió y preguntó acerca de las condiciones de penados y guardiacárceles. Finalmente, tras elogiar la personalidad de Perón “visionario, encuentra causas, problemas, preocupaciones, donde antecesores ilustres no detenían mínima atención”, señaló que aquél:
ha ido y ha penetrado en una nueva vieja realidad. Estaba convencido de que el pueblo se desmoralizaba en la miseria. Hablaba de los “sumergidos”. Ahora le conduele un dolor colectivo más: el de la población carcelaria de Palermo. Y él agregará los de los diversos institutos y corralones penitenciarios de provincias y territorios. ¡ah! También ahora le rodearán como “asuntos de gobierno” mil, tres mil, cinco mil sumergidos de la “sociedad”, metidos sub terra, sub sole, por jueces, fiscales, camaristas, que jamás volvieron a pensar en sus súbditos[40].
Asimismo, el 17 de octubre de 1946, en el primer aniversario de la fecha fundacional del peronismo, Perón y Eva concurrieron a la Penitenciaría Nacional para inaugurar el Campo de Deportes “17 de octubre”, se sentaron en los palcos de la cancha “y a 76 metros se hallaban alrededor de 200 penados, que libres de custodia, presenciaron las ceremonias”[41]. Ese día hablaron Eduardo Adolfo Ortiz, director de la DGIP y Pettinato, impulsor del proyecto deportivo. Ortiz se dirigió a penados y autoridades en un idioma técnico y encriptado, mencionando referencias religiosas como el Sermón de la Montaña y apegado a formas tradicionales; por el contrario, Pettinato planteó el auspicioso proyecto en el “día de la liberación”, enmarcándolo en los principios justicialistas, con un fuerte apego a la figura de Perón y expresando los nuevos proyectos para el establecimiento penitenciario: el ansiado aumento de los peculios carcelarios y la creación de una Escuela Industrial Penitenciaria. A posteriori, tomó la palabra el Primer Mandatario y señaló que
hoy, 17 de octubre, día que podríamos llamar ´de los humildes´, he querido llegar hasta esta cárcel penitenciaria para celebrar con todos la satisfacción de disponer de este campo de deportes donde a la par que el cuerpo, podría distraerse el espíritu de la población penal.
A continuación, ratificó la pronta sanción del estatuto para el personal penitenciario, que sería una norma de equidad y justicia y afirmó que la obligación de éstos no
radica en castigar o sancionar, sino simplemente en asegurar. En ello debe poner gran parte de su corazón, porque el carcelero duro, según la historia, no es el carcelero justo. Es necesario que quien desempeña esas funciones lo haga como un verdadero apostolado de humanismo que lo lleve a corregir o a aconsejar antes de recurrir a medidas disciplinarias o presiones depresivas para la naturaleza humana[42].
Luego se dirigió a los reclusos, planteando que la inauguración del campo de deportes marcaba la iniciación de una nueva era para las poblaciones carcelarias.
Aspiramos -afirmó Perón- a que cada cárcel, lejos de ser un lugar de obscuro confinamiento, sea una verdadera escuela de readaptación de los hombres. Buscamos que aprendan a trabajar, que se hagan útiles y que estén aquí sólo cursando una etapa de enseñanza para llegar a ser hombres útiles para la sociedad. Por eso las cárceles del futuro no estarán compuestas solamente de celdas o de patios. Estarán complementadas con talleres, con escuelas y con campos de deportes. Talleres para enseñar a trabajar, escuelas para reeducar el espíritu y deportes para mantener la salud del cuerpo. Si esto se cumple, si todas las cárceles argentinas, que por la Constitución no son lugares de castigo sino de seguridad, llegan a realizar esta función de readaptación, tendremos que agradecer mucho a este sistema que instauramos hoy y lo recordaremos todos los 17 de octubre, en todas las cárceles de la República, para que el pueblo vaya sabiendo que también a esta triste y oscura etapa de la vida de los hombres ha llegado un hálito nuevo, propulsor de una sociedad nueva que quiere liberarse para siempre del sacrificio estéril y de la desgracia[43].
También Eva Duarte -tópico que debe ser profundizado- se interesó por la cuestión penitenciaria[44]. Basta señalar la visita que hizo en 1947 a la Cárcel de Mujeres del Buen Pastor (dirigida por las monjas)[45]; las entrevistas con familiares de penados en la Secretaría de Trabajo y Previsión; el reparto de juguetes de la Fundación de Ayuda Social a los hijos de los penados en la celebración de Reyes Magos; el envío de medicinas a los establecimientos carcelarios; la intervención para que reclusos pudieran salir de prisión para visitar a familiares enfermos; el apoyo a mejoras para el personal penitenciario y las gestiones ante Perón para la obtención de indultos para penados y penadas enfermas[46]. Dos últimas cuestiones en las que apenas comenzamos a indagar y -considero- refuerzan la idea que nunca antes y nunca después hubo tanta atención para mejorar el mundo carcelario como durante los años del primer peronismo: presupuestos generales y edificio. Sobre los presupuestos, el destinado a la DGIP, de 1946 a 1947 ascendió de 8 a 13 millones de pesos y en 1949 a 20 millones. Es decir, casi se triplicó en un trienio[47]. También se observa el modo en que aumentaron los salarios en todos los escalafones (en especial los más bajos)[48]. Además, en el mismo período, hay un incremento del 10% del personal (de 2300 a 2600 empleados). Sobre los edificios: la primera sede de la DGIP estaba ubicada en la vieja y modesta casona de la calle Charcas 2218[49]. Luego, se mudó a la calle Paraguay 1178, a una casa donada por Paz Anchorena. En junio de 1948, tiempo después de la asunción de Pettinato, se trasladaron al edificio de Paso 550, donde hoy está ubicada la Administración General del SPF.
El debate en torno a la reforma carcelaria del primer peronismo no está agotado. Más bien creemos todo lo contrario. Es preciso revisar las ideas más firmemente establecidas, aquellas sobre las que pareciera existir consenso historiográfico como son la humanización del castigo para los internos y la mejora para los oficiales penitenciarios. Como indicamos más arriba, es necesario profundizar en cada una de las medidas tomadas por la DGIP en los años de Pettinato, conocer su efectiva concreción (o no), realizar un ejercicio de microanálisis[50]. Para ello es fundamental la incorporación de nuevas fuentes: prensa, literatura de época, documentación de los establecimientos carcelarios, órdenes del día, Boletín Público Penitenciario, fichas criminológicas, causas judiciales, testimonios de longevos ex funcionarios de aquella época o familiares de éstos y de los penados, etc. En suma, es imprescindible el archivo, sea como disparador y espacio de creación de nuevos interrogantes, sea para verificar o rechazar ideas previas[51]. También, para comprender el impacto que esas mejoras causaron en la vida cotidiana de los reclusos y funcionarios debemos compararlas con la década precedente. Adelanto dos ejemplos que deben ser replicados ad infinitum: uno referido a los penados, el otro a los funcionarios.
Respecto a los penados: el problema sexual. Una obra del año 1932, de Carlos González Videla, un joven y entusiasta universitario, prologada por el prestigioso penalista Ladislao Thot, se preguntaba si debían satisfacerse las necesidades sexuales de los presos o por el contrario mantenerse la prohibición existente en ese entonces[52]. González Videla afirmaba que la “concesión sexual carcelaria no tiene ningún fundamento médico, sanitario ni jurídico”, puesto que la ciencia había demostrado que la continencia sexual no traía aparejado problemas para la salud (por ello, los sacerdotes, célibes, tenían una vida longeva); que permitir la visita sexual a los presos casados constituiría un privilegio y que si se ampliaba ese beneficio a todos los penados “significaría para el estado constituirse en promotor de la prostitución y el concubinato”; además, argumentaba una serie de cuestiones técnicas sobre cómo podrían costearse el viaje las esposas de los penados alojados en establecimientos lejanos a sus domicilios. En suma, el autor planteaba que no debía otorgarse ese beneficio e incluso deslizaba la posibilidad de la castración y esterilización de los reclusos[53]. Aquí tenemos la posibilidad de realizar un ejercicio comparativo del modo en que una medida impactó sobre los reclusos. En la década de 1930, las visitas sexuales estaban prohibidas y afirmaciones sobre castraciones y esterilización eran validadas en una revista científica. Una década después, Pettinato habilitaba el régimen de visitas íntimas para los reclusos casados y, a posteriori, para los solteros[54].
Respecto a los funcionarios, los pedidos de recomposición salarial y jubilaciones. Por ejemplo, en 1936 (la Ley 11.833 de Organización Carcelaria y Régimen de la Pena ya estaba vigente hace unos años), ubicamos un pedido a la Comisión de Hacienda del Parlamento de auxiliares primeros y alcaides de la Cárcel de Encausados de la Capital Federal, solicitando que cuando se tratase un proyecto del Poder Ejecutivo sobre promociones, ingresos y egresos de la Policía de la Capital, también se tuviese en cuenta a los penitenciarios, debido al “carácter policial interno” de sus funciones y responsabilidades. En el pedido detallaban la amplitud de funciones que realizaban (policía general de todo el establecimiento; vigilancia de empleados y presos; informes diarios al director; medidas de seguridad, orden y disciplina; dictar conferencias a celadores; ingreso, egreso, traslado de presos, etc.), la vital importancia de las mismas y sin embargo, afirmaban:
la asignación mensual no guarda relación -a nuestro modesto criterio-con la importancia y delicadeza de la función que el Estado y la Sociedad nos ha encomendado, con las responsabilidades de orden legal y administrativo emergentes. Además, al igual que la Policía somos colaboradores de la Justicia, llenamos una alta función social, con el agregado de que nuestro servicio es permanente, con 8 horas diarias (diurno y nocturno)[55].
El pedido finalizaba planteando que sus ingresos eran muy bajos y que “nuestro sueldo, data de 20 años atrás, sin haber gozado de ninguna mejoría en nuestra categoría en los últimos aumentos habidos en la Administración Nacional”. En los años siguientes (1938, 1940, 1941, etc.) ubicamos otros petitorios enviados al Poder Legislativo insistiendo sobre la importancia de la función social de los penitenciarios, la dureza de sus condiciones de trabajo, solicitando aumentos de salarios (que se equiparasen a los de la Policía de la Capital) y poder jubilarse luego de 25 años de servicio[56]. Medidas, como hemos indicado, que el peronismo llevó a la práctica (estatuto penitenciario, jubilación, obra social, equiparación con la Policía Federal, etc.). Así, aunque parezca una verdad de “Perogrullo”, es preciso señalar que una cosa es que una problemática esté en agenda, entre las preocupaciones de las elites y otra -radicalmente distinta-, es que dicha problemática se resuelva y se le asignen los recursos necesarios para ello.
Otro de los temas en los que es preciso investigar con mayor exhaustividad es sobre las supuestas torturas a disidentes políticos en las cárceles gestionadas por Pettinato[57]. En un trabajo del año 2006, Cesano analizó de manera pormenorizada la normativa legal sancionada, congruente con las pretensiones hegemónicas del gobierno y de intolerancia a los disidentes (se agravó el delito de desacato -orientado en especial a los directores de publicaciones periódicas-; delitos contra la seguridad de la nación; estado de guerra interno, etc.)[58], pero no indagó en la situación de los detenidos políticos. Por su parte, Silva, a partir de testimonios y denuncias de dirigentes sindicales, diputados radicales y militantes comunistas, señala el uso político represivo de las cárceles implementado por Pettinato, que iba en contra del proceso de dignificación que atravesaron los presos comunes o sociales. Así, argumenta que la prisión funcionó como una herramienta de disciplinamiento y silenciamiento de los opositores. En uno de los testimonios que utiliza, del diputado Santiago Nudelman, éste llegó a afirmar que la Penitenciaría Nacional era un campo de concentración[59]. Por otro lado, Marina Kabat, a partir de un denso trabajo en los archivos -comisiones investigadoras de la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial y Ministerio del Interior- analizó las instituciones de represión y vigilancia de la oposición política creadas durante el primer peronismo, en especial, la CIDE (Coordinación de Informaciones del Estado), la División de Informaciones Políticas y la Policía Federal, que se complementaban con la labor desplegada por las instituciones partidarias (Unidades Básicas, tareas de espionaje por miembros del Partido Peronista Femenino, cuadros de la Escuela Superior Peronista) y paraestatales (como la Alianza Libertadora Nacionalista). Para Kabat, los gobiernos peronistas fueron una muestra de bonapartismo policial. Más allá del exhaustivo análisis sobre las agencias de inteligencia, a excepción de un cuadro elaborado con información extraída de la División Orden Político de la Policía Federal, no hemos ubicado ninguna mención a Pettinato ni a la situación de los detenidos políticos en las cárceles nacionales[60]. En la misma dirección, Luna analizó el caso de las obreras telefónicas torturadas en la Sección Especial de la Policía Federal[61].
Así, creemos que es preciso indagar con más detalle en el material producido a posteriori del derrocamiento de Perón, en especial, el informe realizado por la Comisión Nacional de Investigaciones creada por la dictadura militar autodenominada Revolución Libertadora[62]. La Comisión N°48 “Ministerio del Interior y Justicia e Institutos Penales” fue presidida por el General (retirado) Elbio Carlos Anaya -sindicado como responsable del fusilamiento de 1500 obreros en la Patagonia en 1921[63]. A su vez, se conformó la “Subcomisión Institutos Penales”, dirigida por los “señores mayores Tomás Sánchez de Bustamante; Roberto Tesón y Federico de Álzaga y el profesor Jerónimo Mendoza” y como vocales Joaquín Correa y Carlos Trotz. Luego de algunas renuncias y traslados al Ministerio de Ejército, Carlos Teodoro Petersen quedó a cargo de la Subcomisión. Ésta tuvo como misión principal colaborar
con el Director Nacional de Institutos Penales [Juan Ovidio Zavala] en el logro del objetivo que le fuera impuesto al mismo -reestructuración orgánica y funcional de la institución-esclareciendo todos los hechos que al margen de la ley se venían cometiendo durante el ejercicio del gobierno depuesto, en esta gran repartición[64].
El informe daba cuenta que se elevaron treinta y cinco sumarios a la Justicia (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal) y se solicitó la extradición de Pettinato (recordemos, asilado en la Embajada de Ecuador en Buenos Aires). Se involucraba al ex Director de cárceles nacionales en diversas irregularidades: el manejo de los fondos de la Escuela Penitenciaria (adquisición de máquinas de escribir, reparación de automotores, falsificación de documentos)[65]; una presunta estafa de la que no se dan detalles; una campaña panfletaria injuriosa para distintas personalidades políticas del país dispuesta por el mandatario depuesto y realizada por Pettinato y la aplicación de malos tratos (lesiones, vejaciones) a numerosos internos de la Prisión y la Penitenciaría Nacional[66]. Asimismo, se dispusieron una serie de allanamientos en “algunos domicilios de familiares de Pettinato” y en una caja de seguridad que éste poseía en “el Banco de Londres y América del Sud, procedimiento realizado con intervención de escribano público”. Los bienes muebles e inmuebles (dos departamentos en Capital y una quinta en Marcos Paz), fueron puestos a disposición de la Comisión Investigadora. En el informe se planteó que
es de hacer notar que entre los bienes secuestrados se destacan los elementos de importación, de lo que se desprende que Roberto Pettinato aprovechó los numerosos viajes al exterior que realizara para introducir al país aquellos elementos y efectos, eludiendo el pago de la tasa pertinente al fisco[67].
Finalmente, se elogiaba el rol de Zavala[68] y se afirmó que numerosas investigaciones habían quedado truncas a raíz del cese de las funciones de la Subcomisión. Por otro lado, la literatura producida a posteriori de septiembre de 1955 tampoco aporta mucha información sobre el supuesto rol de Pettinato en la aplicación de torturas en las cárceles de la DGIP. Sí se da cuenta de los casos más resonantes como el de Juan Ingalinella, Mario Bravo y Walter Beveraggi Allende, en que estuvieron implicadas la Policía Federal y las policías provinciales; se afirma la existencia de más de treinta mil presos y cuatro mil desaparecidos y que Pettinato amparó “horrores que ya había condenado Bartolomé de las Casas en el siglo XVI”[69].
Al abordar y tratar de dilucidar este espinoso tema, creemos que primero es necesario separar el accionar de la Policía Federal del que tuvo la DGIP[70]; segundo, saber si hubo pabellones especiales en las cárceles de la DGIP donde se alojó y torturó a detenidos políticos[71]. Tercero, ¿estaba Pettinato al tanto de esta situación y legitimó el uso de la tortura? Cuarto, si esto fue así ¿en qué fuentes debemos abrevar para llegar al fondo de la cuestión? Un camino que podría dar frutos es conocer a través de la prensa nacional y extranjera[72], órdenes del día de la DGIP[73], escritos, causas judiciales, testimonios orales, denuncias presentadas por las bancadas opositoras en el Parlamento[74], etc., las experiencias en las cárceles de la DGIP del dirigente sindical Cipriano Reyes (condenado en 1948 por participar en un supuesto complot para asesinar a Perón y Eva)[75] y de los militares sublevados en septiembre de 1951, que, creemos, ocuparon un pabellón especial en la Penitenciaría Nacional[76]. También, es preciso indagar en la experiencia de otras personalidades que fueron enviadas a espacios de reclusión no dependientes de Pettinato. Por ejemplo, intelectuales como Victoria Ocampo (detenida en la cárcel del Buen Pastor), dirigentes políticos como Ricardo Balbín (que pasó casi un año en la cárcel de Olmos)[77], y representantes del movimiento estudiantil como Félix Luna (detenido entre agosto-septiembre de 1951 en comisarías y en Olmos)[78], entre otros.
En suma, creemos que es preciso no equiparar las cárceles gestionadas por Pettinato a los campos de exterminio del nazismo ni incurrir en el “facilísimo de recitar la propaganda de Pettinato siguiendo el curso de la corriente de moda (que permite acceder a círculos de halago)”, como me ha sido endilgado recientemente, de manera peyorativa e injusta por un autor[79]. Es preciso hacer todo lo contrario: pensar, interrogarse, indagar, reflexionar, procurando avanzar en el proceso de conocimiento en este tema tan espinoso.
Dos cuestiones más en las cuales es preciso seguir profundizando son el supuesto anti academicismo de Pettinato y la continuidad con el paradigma correccional de la criminología positivista de fines del siglo XIX. Sobre el primer punto, cabe recordar las numerosas publicaciones de Pettinato[80]; sus constantes esfuerzos para la celebración de dos Congresos Penitenciarios consecutivos en 1953 y 1954 (el primero y único se había realizado cuarenta años atrás)[81], y la realización de la Primera Conferencia de Directores de Cárceles Nacionales en 1946. También, los vínculos establecidos con numerosos penalistas a través de la creación de instituciones (por ejemplo, el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires)[82], el dictado de conferencias y la participación en eventos científicos en espacios universitarios[83]. Este accionar adquiere mayor relevancia si recordamos que la cuestión carcelaria ocupó un espacio insignificante en los programas de Derecho Penal de las universidades de Buenos Aires, Córdoba y La Plata. Situación muy paradójica, especialmente en el caso de la universidad porteña en que varios de los catedráticos ocuparon puestos de la más alta jerarquía dentro de las instituciones penitenciarias (Eusebio Gómez, José María Paz Anchorena, Juan P. Ramos y Eduardo Ortiz)[84]. Es que para estos juristas la cárcel y la universidad eran ámbitos antagónicos[85]. Sobre el segundo punto, acerca de la continuidad del paradigma correccional, recientemente Gual con acierto, señaló que
la literatura parece olvidar [que el correccionalismo] gozó de buena salud en todo el mundo occidental hasta veinticinco años más tarde, cuando a nivel discursivo y programático el ideal rehabilitador cayó en desgracia junto al Estado de Bienestar que le servía de sostén[86].
De hecho, la vigente Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad sigue teniendo ese “espíritu” correccional y progresivo.
Finalmente, hay temáticas que directamente no han sido abordadas por la historiografía carcelaria argentina y que será muy fructífero comenzar a indagar. Primero, el impacto de la reforma carcelaria peronista en las administraciones provinciales: ¿llegaron los aires transformadores al interior de la Argentina?[87] Segundo, debe indagarse en los trabajos y debates de la Convención Nacional Constituyente de 1949 que incorporó en la Constitución Justicialista el artículo 29 referido a las cárceles, agregando (además que fuesen sanas y limpias, como señalaba el artículo 18 del viejo texto) que debían ser “…adecuadas para la reeducación social de los detenidos en ellas”[88] y también bucear en el Segundo Plan Quinquenal y su objetivo penitenciario[89]. Tercero, es importante reconstruir el exilio de Pettinato a partir del derrocamiento del peronismo, cuando fue enjuiciado, separado de su familia y despojado de sus bienes. ¿En qué países estuvo a lo largo de esos años? ¿logró poner en funcionamiento las relaciones establecidas durante su década de gestión? ¿trabajó como asesor penitenciario en países de América Latina?[90] Cuarto y último, debemos conocer su labor como director de los Establecimientos Penitenciarios de la provincia de Buenos Aires durante el efímero gobierno de Héctor J. Cámpora entre mayo y julio de 1973 y sus dos últimas décadas de vida. Para llevar a cabo esta reconstrucción será de suma utilidad contar con el testimonio de sus descendientes, así como de los funcionarios retirados del servicio penitenciario.
En las páginas anteriores presentamos muy brevemente las medidas más importantes tomadas durante la gestión de Pettinato desde la DGIP hacia reclusos y funcionarios penitenciarios y señalamos que debe estudiarse minuciosamente cada una de ellas, para constatar (o no) su efectivo cumplimiento. También analizamos el modo en que la historiografía abordó este proceso y dimos cuenta de nuestra interpretación que tiende a hacer hincapié en las rupturas antes que las continuidades con las administraciones penitenciarias anteriores. Asimismo, afirmamos que nunca antes y nunca después en la historia argentina hubo tanta atención a la mejora de la situación carcelaria, lo que nos deja varios interrogantes: ¿a qué se debió ese interés inédito desde el Poder Ejecutivo Nacional? ¿qué sucedió en nuestro país que hoy en día una agenda que preste atención a la mejora del sistema carcelario no es reivindicada desde ningún sector político, ni siquiera por las agrupaciones de izquierda?[91] ¿por qué en estos casi ochenta años pasamos de la “humanización del castigo” al ocultamiento del preso?
Esperamos que este trabajo despierte el interés de investigadoras e investigadores dando paso al surgimiento de nuevas contribuciones que permitan aproximarnos al proceso de reforma penitenciaria impulsado por Roberto Pettinato durante los años del peronismo clásico.
