EL ANARQUISMO ANTE EL GOLPE DE ESTADO DE 1930. DESAFÍOS, VÍNCULOS Y RESISTENCIAS
Jacinto M. Cerdá*
Universidad de San Andrés
* jacinto_cerda@yahoo.com.ar
Recibido: 7 de diciembre de 2024
Aceptado: 15 de marzo de 2024
Resumen: El golpe de Estado de 1930 implicó una importante transformación para el sistema político argentino con trascendentales consecuencias para el conjunto de la sociedad en el corto y largo plazo. El movimiento obrero y los sectores de izquierda vieron particularmente comprometido su desarrollo a partir de la restricción de la vida política y de las libertades civiles, junto con la aplicación de medidas represivas selectivas.
Este artículo indaga en las implicancias que tuvo el alzamiento militar para un actor sociopolítico en particular, los anarquistas. El estudio se centra en el análisis de las posiciones asumidas durante el cambio político y en evaluar las consecuencias operadas dentro de la corriente libertaria a partir de la instauración de la dictadura militar del 6 de septiembre. Para llevar adelante este objetivo el trabajo aborda diferentes aristas vinculantes, tales como las diferentes lecturas realizadas por los anarquistas ante la irrupción del golpe, las estrategias adoptadas para combatir las medidas restrictivas del gobierno, las redes solidarias y los exilios efectuados para eludir las detenciones, las transformaciones de las alianzas operadas dentro de aquel movimiento a partir de los debates formulados ante la nueva coyuntura, como también, las políticas represivas implementadas para eliminar la influencia social de los ácratas.
Palabras clave: anarquismo; dictadura; 1930; represión; resistencia; reconfiguración
ANARCHISM IN THE FACE OF THE COUP OF 1930. CHALLENGES, LINKS AND RESISTANCES
Abstract: The coup d'état of 1930 implied an important transformation for the argentine political system, with transcendent consequences for society in the short and long term. The labor movement and left-wing sectors saw their development particularly compromised by the restriction of political life and civil liberties, along with the application of selective repressive measures.
This article investigates the implications that the military uprising had for a particular sociopolitical actor, the anarchists. The study focuses on the analysis of the positions assumed during the political change and on evaluating the consequences that occurred within the libertarian current after the establishment of the military dictatorship on September 6. To carry out this objective, the work addresses different binding aspects, such as the different readings made by the anarchists before the outbreak of the coup, the strategies adopted to combat the restrictive measures of the government, the solidarity networks and the exiles carried out to avoid arrests, the transformation of the alliances operated within that movement based on the debates formulated in the new situation, as well as the repressive policies implemented to eliminate the social influence of the acrats.
Keywords: Anarchism; Dictatorship; 1930; Repression; Resistance; Reconfiguration
La toma del poder por parte de las fuerzas armadas comandadas por José Félix Uriburu marcó la historia contemporánea argentina al inaugurar una modalidad de gobierno alternativa a la democracia liberal. Esta experiencia será replicada en varias otras ocasiones a lo largo del siglo XX, ya que a partir de allí la interrupción del orden constitucional será esgrimida recurrentemente como una salida a la inestabilidad política y al desorden social, pasando a ejercer el gobierno de la Nación los militares.
La etapa histórica en la cual se enmarca el golpe de Estado de septiembre de 1930 estuvo signada por los efectos de la crisis económica internacional, la expansión de la cultura de masas, el auge del fascismo, el movimiento migratorio hacia las urbes, y consecuentemente el crecimiento de las ciudades (Bejar 1983; Karush 2007; Cattaruzza 2009; Lida y Mauro 2009; Hora 2015). El retorno de los sectores conservadores al poder político logró materializarse a través de la interrupción del orden democrático y la instauración de una dictadura, primero, para consolidarse luego a través del fraude electoral a partir de 1932; proceso político que se asentó en un clima de ideas propenso a la difusión de postulados de derecha en sus diversas variables.
En estos años los grupos nacionalistas cobraron mayor relevancia, en parte, gracias al apoyo ejercido por el gobierno a través de dotarlos de instrucción militar y recursos materiales, como lo ejemplifica la formación de la Legión Cívica Argentina en mayo de 1931 (Devoto 2002, 304; Finchelstein 2010, 130-131). En este proceso, la tradicional derecha argentina, de cuño elitista y conservadora, fue reemplazada por el surgimiento de agrupaciones nacionalistas más dinámicas, influenciadas por los movimientos totalitarios de Europa, que anhelaban construir una organización de masas que sustituya la influencia de la izquierda entre de los trabajadores (Rock 1993, 109-113; McGee Deutsch 1999, 219-234; Lvovich 2003, 295-312; Rubinzal 2006, 67-85; 2012 105-123). Paralelamente el catolicismo también tuvo su momento de auge en esta década. Si bien la jerarquía eclesiástica se manifestó prudente en sus críticas políticas, la mayoría de los medios de prensa y las agrupaciones laicas de los católicos sostuvieron públicamente posturas antiliberales, antisocialistas y antisemitas, entablando una estrecha ligazón con las agrupaciones nacionalistas (Zanatta 1996, 44-56; Lvovich 2003, 312-341; Finchelstein 2008, 52-75; Lida 2015, 135-171; 2018, 24-29).
Durante este gobierno la representación política y las libertades civiles fueron restringidas por medio del establecimiento del estado de sitio y la ley marcial, reinstalando la aplicación de la pena de muerte hasta junio de 1931 (Horowitz 2001, 246). Bajo el argumento de ponerle un freno a la creciente violencia política que se instauró en los últimos meses del gobierno de Yrigoyen, las nuevas autoridades buscaron restablecer el orden a través de la ejecución de diferentes dispositivos. La persecución a los opositores políticos cobró importantes dimensiones, deteniendo a reconocidos militantes yrigoyenistas y funcionarios del gobierno, incluido el mismo presidente (Cattaruzza 2009, 131). Prontamente este accionar se amplió a otros sectores sociales, como estudiantes y militantes obreros. Las cárceles se llenaron de presos políticos y se reinstaló la práctica de las deportaciones. La prensa comunista, anarquista, socialista e yrigoyenista fue censurada, y los locales sindicales y partidarios clausurados (Camarero 2007, 191-201). Más adelante ahondaremos sobre la aplicación de estas medidas sobre los anarquistas.
Paralelamente, en materia de relaciones laborales, el gobierno provisional se comprometió a respetar las organizaciones sindicales y derechos conquistados, incluyendo los de “reunión, de asociación y de huelga”, pero a cambio reclamaba la adecuación a las normas legales y al orden institucional establecido por las nuevas autoridades políticas. A raíz de la primera huelga decretada por la FORA, el 7 de octubre de 1930, el Ministro del Interior circuló una declaración a todas las asociaciones patronales y sindicales, en donde expresaba que:
La ley marcial y el estado de sitio no deben considerarse, por patrones y obreros, como limitación ni menoscabo alguno de los derechos existentes, que podrán ser ejercidos con absoluta y no limitada amplitud siempre que se enmarquen dentro de la legalidad y del orden. En cuanto se exceden de este límite serán reprimidas en la medida necesaria con rigor discrecional.[1]
El mensaje gubernamental continuaba previniendo de las consecuencias que acarrearían las acciones gremiales que desafíen la autoridad, advirtiendo que: “Los elementos que se consideran afectados por la forma en que se desenvolverá este principio de autoridad deban estar prevenidos, y las puertas del país están abiertas para su eliminación voluntaria o forzada."[2] El trato selectivo que el Departamento Nacional del Trabajo (DNT) empezó a ejercer con los diferentes sindicatos condicionaron el desarrollo gremial de los anarquistas, ya que progresivamente esa institución buscó acercar posiciones con aquellas organizaciones obreras más proclives a la negociación, lo cual derivó en transformaciones de largo alcance en las tácticas desplegadas por el movimiento obrero.[3] Estos cambios sociopolíticos afectaron de forma significativa a las corrientes de izquierda que no quisieron adaptarse institucionalidad en ciernes, por ello nos dedicaremos a indagar en los efectos que este proceso tuvo para los libertarios.
Al momento de realizarse el golpe de Estado el anarquismo contaba ya con medio siglo de trayectoria en Argentina. Desde las últimas dos décadas del siglo XIX este movimiento se involucró en diversas problemáticas coyunturales y desplegó un amplio repertorio de intervenciones sociales y culturales, plasmados en variados planteos organizativos, desde los grupos de afinidad hasta las sociedades de resistencia, pasando por las escuelas racionalistas, las revistas culturales, los clubes deportivos, los centros de mujeres, los grupos idiomáticos, los cuadros filodramáticos y un sinfín de publicaciones periódicas que abordaban temáticas particulares.
La centralidad alcanzada por los ácratas dentro del ambiente gremial en la primera década del siglo XX derivó en que los abordajes historiográficos sobre esta corriente se limiten en analizar la trayectoria de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) durante aquellos años (Abad de Santillán 2005; Oved 1978; Bilsky 1985; 2001; López 1987). Este recorte temporal, temático y focalizado en una sola organización comenzó a ser cuestionado a partir de los estudios de Osvaldo Bayer (1970; 1975) dedicados al sector de los anarquistas expropiadores. Luego, algunas producciones retomaron lo señalado por Abad de Santillán (2005, 270 y 276) para enfatizar la importancia de las divisiones internas ocasionadas en la década del veinte como un factor de debilitamiento del movimiento anarquista (Del Campo 1971, 113-114; Suriano 2005, 72-86). El carácter general de aquellas referencias fue profundizado a partir de una serie de investigaciones más recientes que indagaron en la trayectoria de las otras corrientes anarquistas surgidas en aquella década, los antorchistas (Anapios 2008; 2013; Etchenique 2011) y los anarcobolcheviques (Doeswijk 2014), formadas al calor de los disensos provocados en torno a ciertos tópicos como: la revolución Rusa, la administración de las imprentas de La Protesta, el uso de la violencia y la impugnación a ciertas estrategias sindicales asumidas por la FORA.
De conjunto, estos trabajos dieron cuenta de un movimiento sociopolítico más amplio que el representado por la FORA y La Protesta. Investigaciones desarrolladas en los últimos años han cuestionado otra limitación historiográfica presente en las obras pioneras sobre el campo, referida al recorte temporal (Nieto 2010; Migueláñez Martínez 2010). En este sentido, la década del treinta dejó de representar la fecha de defunción del movimiento libertario en Argentina, pasando a ser evaluada como una etapa de recambio donde se experimentaron nuevas alianzas, la renovación de las estrategias de intervención y el surgimiento de organizaciones, tales como, el Comité de Relaciones Regionales Anarquista (CRRA), la Federación Anarco Comunista Argentina (FACA) y la Agrupación Obrera Spartacus (AOS) (Anapios 2012; Benyo 2005; Benclowicz 2020; López Trujillo 2005; Nieto 2008; 2012; 2018; Ceruso 2011; 2018; Iñigo Carrera 2000; Migueláñez Martínez 2018). Al mismo tiempo, otra serie de estudios han ponderado la intervención ejercida por los anarquistas dentro del conjunto del movimiento obrero de los años treinta (Iñigo Carrera 2016; Camarero 2007; Ceruso 2015), como en áreas puntuales de la economía (Kabat 2005; 2011; Calvagno 2013a; 2013b; De Laforcade 2015; Nieto 2008; 2018; 2019; Santa Cruz 2007; 2009), superando así, la perspectiva de las obras que hasta el momento habían negado la presencia de los ácratas en los años treinta por concentrar su atención en las tendencias sindicales de mayor representación y tendientes a la institucionalización (Godio 1989; Matsushita 2014; Del Campo 2006).
Los ácratas recibieron el cambio político operado por el golpe militar en un estado de importantes tensiones y divisiones internas, coexistiendo diferentes tendencias, tales como: foristas, protestistas, antorchistas, expropiadores, anarco-bolcheviques (ya bastante disminuidos para aquel entonces), e incluso individualistas (sobre quienes siempre fue difícil conseguir registros). Las disputas y alianzas establecidas previamente van a transformarse en la primera mitad de la década del treinta al calor de nuevos planteos estratégicos y programáticos que fueron sedimentándose a lo largo de la experiencia sufrida durante el proceso político inaugurado en septiembre de 1930. Para comprender la deriva de estas nuevas estrategias y asociaciones se vuelve necesario comprender el rol ocupado por el anarquismo durante la dictadura y sus diferencias internas.
El recorte espacial de este estudio busca trascender los márgenes de la Capital argentina, tomando actores y vínculos entablados en otras regiones del país, e incluso al otro margen del Río de la Plata, sin embargo, dada la centralidad política de la ciudad de Buenos Aires en este proceso, esta urbe ocupa un lugar preponderante a lo largo del trabajo. Los documentos consultados para la confección de esta investigación abarcan una diversidad de fuentes producidas desde el anarquismo, prestando atención a la multiplicidad de voces manifestada dentro de este movimiento. Al mismo tiempo que, con el fin de contrastar y calibrar las apreciaciones formuladas por los libertarios, se incorporaron documentos provenientes de otras corrientes del movimiento obrero, prensa comercial de la época y fuentes estatales del Departamento Nacional del Trabajo y la Policía de la Capital Federal.
Desde mediados de 1930, la posibilidad de que se efectuase una sublevación militar que desplace a Yrigoyen del poder era una situación comentada en toda la sociedad argentina, incluyendo a los libertarios. Ante este contexto, y reflexionando sobre las consecuencias que podría acarrear ese hecho, el conjunto de los anarquistas adoptó diferentes posiciones[4], oscilando entre la alarma y la preocupación ante la posibilidad de perder las libertades garantizadas por el sistema democrático, o interpretando que la disputa política entablada era producto de diferencias políticas entre dos sectores de la burguesía, por lo cual no le incumbía involucrarse directamente.
Ante estas diferentes perspectivas, antorchistas y expropiadores publicaron a fines de agosto un volante titulado “Los anarquistas ante el momento actual” donde advertían de los peligros que encerraba la represión gubernativa y el golpe militar en ciernes para la población obrera, convocando a oponerse por medio de la huelga general y la revuelta popular (Bayer 2009a, 311). Paralelamente, La Protesta instó a crear una resistencia activa a la sublevación militar, considerando que la perdida de los derechos civiles sería perjudicial para la mayoría del pueblo y para el desarrollo del movimiento anarquista. Desde sus páginas, y a través de contactos personales, buscaron acercar posiciones y voluntades entre diferentes organizaciones e individuos. El relato de Diego Abad de Santillán, administrador del periódico, transmite una gran decepción al no encontrar eco de su propuesta en el seno de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), tanto por la urgencia de la situación, como por considerar que aquella era la única organización obrera que no podría ser acusada de querer defender la figura de Yrigoyen o su gobierno, dado la marcada impronta antigubernamental que la caracterizaba (Abad de Santillán 1958, 129-130; 1977, 137-140). En cambio, la FORA -o al menos las personas a cargo de su Consejo Federal- argumentaron que el golpe no era más que la expresión de una disputa política entre dos sectores de la burguesía, por lo cual su misión residía en cuidar sus instituciones y las posiciones conquistadas. Su táctica era mantenerse al margen de un conflicto que no consideraban propio, velando por la estabilidad de sus organismos ante el reemplazo de gobierno, y mantenerse expectantes de asumir una actitud más activa en caso de verse directamente afectados.[5]
La FORA no fue la única organización sindical en asumir este tipo de posición, por el contrario, fue un factor común entre las diferentes centrales, lo cual podía comprenderse, en parte, por la inexistencia de una experiencia histórica de este tipo en el país. Parecida posición de prescindencia, “prudencia y serenidad” manifestaron los sindicalistas de la Unión Sindical Argentina (USA), llamando a sus afiliados a mantenerse al margen de la disputa de los partidos políticos, ya que nada tenía que ver con los trabajadores.[6] Un vez producido el golpe delegados de la USA se entrevistaron con el nuevo ministro del Interior y difundieron su impresión de que el gobierno tenía la intención de respetar a las organizaciones sindicales y las aspiraciones obreras[7]. En la misma línea se inscribió la CGT (Confederación General del Trabajo), en tanto que la nueva central fundada a fines de septiembre adoptó la política sindicalista de prescindencia ante los conflictos políticos (Matsushita 2014, 123-124; García 2013, 45-65).
Los partidos políticos de izquierda, en cambio, advirtieron públicamente sobre los peligros del golpe militar, emparentándose con la posición asumida por las agrupaciones anarquistas. Los socialistas se pronunciaron en contra de todas las manifestaciones autoritarias en los días previos al alzamiento, sea que estas provengan de parte del gobierno radical o de la “aventurera criminal con que sueñan de tiempo atrás los reaccionarios argentinos”[8], reclamando a los pocos días de producido el golpe que concluya “el régimen de la fuerza y de lo arbitrario, y se devuelva al pueblo el régimen de la razón y de la ley”.[9] Por su parte, los comunistas identificaron al golpe militar como un ataque de la oligarquía y el capital extranjero hacia el gobierno de Yrigoyen, pero trazando ejes de continuidad con la política radical por reaccionaria, ahora agravada por la irrupción castrense. Esta lectura se sustentó en la línea política del “tercer período”, a partir de la cual consideraron que el capitalismo se hallaba en una situación crítica y que su deber era tensionar las relaciones sociales por medio de la oposición frontal de “clase contra clase”, es decir, sin entablar ningún acuerdo con fuerzas políticas conceptuadas de reformistas o burguesas (Godio 1989, 61-68; Camarero 2007, 157-159).
Ante la convicción de que la irrupción militar conllevaría a un retroceso para el conjunto de la sociedad, en especial para los sectores revolucionarios, La Protesta articuló una reunión en el salón del Ateneo Cultural de Boca y Barracas (local compartido con la sociedad de resistencia de portuarios) para el 29 de agosto entre “la militancia anarquista de capital y alrededores”. Las decisiones asumidas, aclararon los asistentes, se encuadraron dentro de las ideas anarquistas, a saber: que todos los gobiernos son opresivos, que hay que abstenerse de las contiendas políticas, que no hay que alentar el apoyo a la dictadura en ciernes; pasando luego a detallar las acciones acordadas a realizar en su campaña:
1° Preparar la más enérgica ofensiva contra el advenimiento de la dictadura, recurriendo a todos los medios de defensa y de ataque de que sea posible disponer.
2° Llevar en el plazo más breve posible a la orden del día de sindicatos, de grupos de afinidad y de instituciones de cultura libertaria, el asunto de la defensa del pueblo contra la amenaza dictatorial.
3° Propiciar la entente y la preocupación de los anarquistas para la defensa del movimiento y de las relativas libertades de propaganda, de organización y de reunión en peligro, de manera como para responder eficazmente al primer ataque de la reacción en puertas.
4° Organizar actos públicos para ilustrar al pueblo sobre los horrores y depravaciones de las dictaduras y sobre el retroceso político, moral, intelectual y económico que aportan.
5° Propiciar la idea de la huelga general como respuesta al primer amago de la reacción contra el movimiento obrero y contra las libertades populares.[10]
Las afirmaciones volcadas en esta declaración son ilustrativas del contexto ríspido en el cual se hallaba inmerso el movimiento anarquista local. Por tanto, el tercer ítem expresa el deseo promulgado por el grupo de La Protesta de cara a superar las diferencias reinantes entre los ácratas a lo largo de la década del veinte y poder confluir en una causa común. Por otro lado, el cuarto punto da cuenta de que ya existían antecedentes a tener en cuanta sobre los efectos de las dictaduras más recientes. Es decir que, las consecuencias que podría producir la asunción de los militares al poder podrían haber sido analizadas bajo los ejemplos de otras regiones del mundo. Por último, el resto de los acuerdos reflejan las fuertes expectativas puestas en el accionar de los sindicatos para ofrecer una oposición al golpe militar.
Las interpelaciones de actuar preventivamente no encontraron eco en la FORA, la cual mantuvo su actitud prescindente durante el resto del mes de septiembre.[11] A pesar de haberse decretado el estado de sitio y la Ley Marcial, durante los primeros días del gobierno provisional las organizaciones sindicales continuaron funcionando de forma habitual, sosteniendo conflictos, reuniones, veladas y conferencias, confirmado momentáneamente la tesis de que la disputa política era ajena a la situación de los trabajadores. El intento de coordinar una resistencia popular contra la dictadura fue impulsado por algunos anarquistas, aun sin el concurso de la FORA.
El día 10 de septiembre se concretó una reunión a la cual asistieron representantes de La Protesta (Abad de Santillán), de La Antorcha (González Pacheco y Badaraco), de la Federación Obrera Marítima (Antonio Morán) y militantes de la Unión Sindical Argentina y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El acuerdo de impulsar una resistencia hacia la dictadura fue unánime[12], y González Pacheco quedó a cargo de interpelar al Consejo Federal de la FORA para convencerlos de que se plieguen a la campaña. Pero al día siguiente, al concurrir nuevamente al local de ATE para ultimar detalles del movimiento, la policía frustró la reunión, ya que estaba al tanto de su realización y detuvo a los primeros asistentes (Abad de Santillán 1977, 140-141). El mismo día se allanó y clausuraron La Protesta. Este primer ataque dirigido a la prensa del movimiento no alcanzó para que la FORA modifique su posición, en tanto los locales sindicales siguieron funcionando públicamente unos días más, hasta que, a fines de septiembre la policía comenzó a acechar a sus concurrentes, generando el alejamiento de la mayoría de los trabajadores de los mismos. Esa paz llegó a su fin al poco tiempo, como detallaremos en el próximo apartado, cuando los militantes obreros empezaron a ser detenidos y sus locales clausurados (Camarero 2007, 191-201; Horowitz 2004, 29-30; Iñigo Carrera 2016, 66-77).
La actitud asumida por el Consejo Federal de la FORA ante el golpe de Estado no fue homologada por el conjunto de las organizaciones adheridas, derivando en una discusión interna. Dada la estructura federalista de la FORA, el Consejo Federal tenía el rol de coordinar la comunicación de los diferentes sindicatos a nivel nacional, sin mayores atributos que los mandatos otorgados por sus afiliados. Por tanto, la política de prescindencia asumida por aquel cuerpo de relaciones debió ser ratificada internamente a través de consultar la posición de las sociedades de resistencia sobre un tema tan crucial, pero finalmente el Consejo Federal de ese momento no impulsó ninguna medida al respecto.
Gremios de relevancia como la Unión Chauffeurs ejercieron una fuerte crítica ante la posición que llevó adelante el Consejo Federal, considerando que actuaron de forma inconsulta y bajo una actitud pedante. Al no comulgar con su pasividad, este sindicato procedió a publicar manifiestos públicos en contra de la dictadura, convocando a realizar boicots y mantener encendido el espíritu revolucionario entre los trabajadores.[13] De igual manera procedió la Federación Local Rosarina[14], la Federación Obrera Provincial Sanjuanina, que rompió vínculos con la FORA y otras organizaciones del interior del país.[15] De hecho, a fines de septiembre de 1930 La Protesta publicó un artículo en donde puso de manifiesto el descontento que las bases del movimiento forista expresaban ante la tensa calma que vivían ante la consolidación de la dictadura.[16]
Años más tarde, cuando la FORA pudo concretar un encuentro a nivel nacional se reabrió en debate sobre la posición asumida por el Consejo Federal ante el golpe de Estado. Fue así como en la Reunión Regional de Delegados de 1934, realizada en Rosario, algunos de los presentes acusaron a los integrantes de aquel cuerpo de relaciones de negligentes y de haber aportado a la desorientación del movimiento de la FORA. Como los miembros del Consejo de aquella época no se encontraban presentes, varios delegados expresaron que no era correcto proseguir con las acusaciones referidas a individuos que no podían responder a lo dicho. Para dar solución al asunto se acordó la propuesta de los choferes de Avellaneda, referida a estudiar la actuación del Consejo Federal en una reunión convocada específicamente para ese fin.[17] En definitiva, lo que dejó plasmado este debate es que aun pasados cuatro años de lo acontecido, muchos integrantes de la FORA seguían enojados por la posición adoptada por el Consejo Federal, por inconsulta, pero también por haber dejado mal parada a toda la federación y desaprovechar una oportunidad histórica de ponerle un freno al avance del fascismo en la región.
Ya en octubre de 1930 el órgano de prensa de la FORA señalaba que el accionar represivo desplegado por el Estado viró su foco de atención, en tanto que: “…llenado el objetivo inmediato: el derrumbe de las autoridades legales, el militarismo apuntó sus armas contra el movimiento sindical de los trabajadores y anarquistas”.[18] Para comprender las implicancias de esta política represiva, a continuación analizáramos las diferentes metodologías adoptadas y los efectos causados sobre las diferentes tendencias del mundo ácrata.
La persecución a los anarquistas fue recurrente en etapas políticos anteriores, pero con Uriburu se introdujeron algunas modificaciones en el repertorio policial que endurecieron su intervención con el fin de eliminar la influencia de las corrientes revolucionarias en el ámbito social (López Cantera, 2019, 83-98). Es extendida la idea de que la represión ejercida en los años treinta fue un factor clave en el declive de los libertarios, agravando la pérdida de influencia ya arrastrada de las décadas anteriores. Incluso los propios actores de la época manifestaron la preocupación de estar viviendo momentos cruciales para su supervivencia a causa de la persecución sufrida. Con el fin de explicar cómo se desarrolló este proceso vamos a analizar los diversos mecanismos de coerción aplicados hacia la militancia libertaria, distinguiendo las lógicas implementadas y los actores comprendidos en cada modalidad, para finalmente poder determinar de qué manera y en qué grado se vieron afectados.
La búsqueda de mantener el poder por medio del terror derivó en que dos días después del golpe militar se dictase la ley marcial. Durante los nueve meses que estuvo vigente se produjeron, como mínimo, doce fusilamientos. Todos ellos anarquistas o delincuentes atrapados “in fragganti” (Potash 1986, 93; Iñigo Carrera 2016, 66-71). Luis Di Tulio fue el primer implicado, por ser atrapado robando la misma noche que se dictó la norma. La segunda víctima fue Joaquín Penina, un anarquista de origen catalán que se desempeñaba como obrero de la construcción en Rosario. Este fue detenido en la pieza que alquilaba junto con Victorio Constantini el 9 de septiembre, y fusilado al día siguiente a las orillas del arroyo Saladillo sin ningún proceso judicial. El motivo de su detención obedecería a la redacción de un volante que le encomendó la Federación Obrera Local Rosarina.[19] El fatal destino de Penina trascendió por canales extraoficiales, ya que su cuerpo fue sepultado sin identificación en el cementerio municipal La Piedad (Quesada 1974; Oliva 1976; Roldan 2007).
Otros dos casos vinculados a esta disposición cobraron amplia notoriedad pública. Ambos relacionados a anarquistas que fueron detenidos y trasladados a la Penitenciaria Nacional, lugar donde fueron juzgados por un tribunal militar. El más conocido fue el de Severino Di Giovanni y Paulino Scarfó, tanto por la fama que les predecía, y la importante cobertura realizada por la prensa de la época, como por la posterior reconstrucción histórica realizada por Osvaldo Bayer sobre la trayectoria de Di Giovanni (Bayer 2009a). Estos dos libertarios italianos pertenecientes a la corriente de los expropiadores fueron juzgados por las autoridades militares y fusilados en el patio del mismo presidio en los primeros días de febrero de 1931. El otro caso ocurrió de forma previa, en diciembre de 1930, con la detención y condena a muerte de Florindo Gayoso, José Montero y José Santos Ares. Estos tres choferes de la FORA fueron interceptados por una patrulla policial en la madrugada del 6 de diciembre. Al ser vistos junto a un vehículo incendiando, supuestamente involucrado en un conflicto gremial, los choferes se vieron comprometidos e intentaron huir y resistir el arresto a través de dispararle a los agentes; pero finalmente fueron detenidos y remitidos a la justicia militar (Ortiz 1974, 49-50).
La noticia de la condena a muerte cobró rápida repercusión por tratarse de la primera vez que el gobierno iba a aplicar dicha pena de forma pública y anticipada, otorgando tiempo a que diversos sectores de la sociedad se movilizaran para evitar que se concrete dicha medida, interviniendo a su favor desde partidos políticos cercanos al gobierno, periódicos comerciales, entidades de la comunidad española y sindicatos (Penelas 1999, 92). Mientras los grandes periódicos de la época hicieron foco en el carácter delictivo de los apresados, justificando la condena a aplicarse[20], la FORA tomó la iniciativa de efectuar una protesta para exteriorizar su descontento y evitar que se lleve adelante la ejecución.[21] Finalmente, el fusilamiento fue suspendido pocas horas antes de su concreción, conmutándole la pena capital por la de reclusión perpetua.[22] Se comprende que el cambio de parecer operado por las autoridades se debió a la presión ejercida por diversos sectores de la sociedad, derivando en la reconsideración del costo político que le podría acarrear este hecho. No fue este balance el realizado dos meses después al apresar a Di Giovanni y Scarfó, en tanto que estos dos anarquistas contaban con notorios antecedentes policiales y no alcanzaron el respaldo social proyectado hacia los choferes. Finalmente, estos fueron trasladados al penal de Ushuaia, donde estuvieron detenidos hasta fines de 1932, cuando se vieron beneficiados por un indulto promulgado por el gobierno de Justo.
El asesinato a manos de las fuerzas de seguridad perduró más allá de la vigencia de la ley marcial. Utilizando el argumento de “resistencia a la autoridad” fueron fulminados Braulio Rojas, Juan Márquez, José Pino, Tamayo Gavilán, Vicente Savaresse y Sperone, anarquistas pertenecientes a la corriente expropiadora, abatidos en el contexto de las razzias efectuadas por la Policía luego del asesinato del mayor José Rosasco (designado Interventor de la Policía de Avellaneda).[23] Luego del gobierno militar, otros reconocidos militantes “de acción” fueron asesinados bajo la aplicación de la “ley de fugas”, es decir, bajo el argumento que el detenido se estaba escapando. En esta dirección pueden ubicarse los casos de Antonio Morán, Arcángel Roscigna, Andrés Vázquez Paredes y Fernando Malvicini, hallados muertos luego de haber cumplido sus condenas en prisión (Bayer 2009b, 93-96).
Antes de cumplirse un mes del golpe de Estado, el gobierno volvió a hacer uso de la Ley de Residencia, reviviendo así una práctica represiva en desuso durante las administraciones radicales. Esta disposición le otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de separar a los sujetos “indeseables” del resto de la población al expulsar a los extranjeros considerados peligroso para los intereses de la Nación, sin mediar proceso judicial.
Durante el gobierno de Uriburu fueron deportados 270 individuos. La mayoría de estos (158) fueron expulsados progresivamente entre octubre de 1930 y enero de 1932 (Horowitz 2004, 29). De esos 158 deportados, 123 eran anarquistas según los registros publicados en La Protesta.[24] Sabemos que varios de los demás implicados eran militantes comunistas, pero sin poder precisar su cantidad.[25] La gran mayoría de los expulsados durante este período lograron desembarcar en Uruguay, a excepción de 15 individuos que no pudieron evitar ser remitidos a sus países de origen en Europa. Posteriormente, la posibilidad de recalar en Uruguay ya no fue posible, ya que en 1932 ese país sufrió un viraje político de la mano de Gabriel Terra. Con la implementación de las leyes N° 8.868 de 1932 y la N° 9.604 de 1936 se rompió la tradición de puertas abiertas y se volvió imposible el ingreso a esa nación para la población considerada “indeseable” (Mansilla Decesari 2014; Costas 2023).
El resto de las deportaciones realizadas por el gobierno “de facto” (112) se llevaron a cabo en los últimos días de su gestión y a través de una sola embarcación, el vapor “Chaco”. La implementación de esta medida generó una amplia repercusión en la sociedad argentina por dos motivos. El primero, la inédita escala de la remesa. La prensa había difundido que la intención del gobierno era deportar a 300 individuos, significando casi el doble de la cantidad de expulsados hasta el momento por la dictadura, y si bien el número final de afectados fue considerablemente menor, 112, no dejó de ser una cifra impactante.[26] El segundo punto polémico fue el viraje de último momento realizado por el gobierno de Uriburu respecto a la aplicación de la medida, ya que en diciembre de 1931 habían anunciado dar marcha atrás con la decisión. Pero finalmente la disposición no fue suspendida definitivamente, sino postergada. El 13 de enero de 1932 el Ministerio de Marina anunció que los deportados serían trasladados a sus países de origen, concretándose su expulsión exactamente un mes después, a siete días del traspaso presidencial (Mendoza y Scandizzo 1999). La mayoría de los 112 implicados en este caso fueron remitidos por la división de Orden Social (82), mientras que los otros 30 procedían de la sección Robo y Hurtos. Dentro de los “agitadores sociales”, 40 estaban catalogados como comunistas, 34 como anarquistas, mientras que los 8 restantes no tenían una identificación política clara.[27]
El encarcelamiento fue el mecanismo de represión más habitual ejercido hacia los militantes obreros y anarquistas. Las detenciones se multiplicaron a partir del alzamiento militar, aplicándose de forma sistemática en todo el territorio nacional hacia los individuos con aquel perfil. De forma ilustrativa podemos señalar que en 1931 fueron remitidos a Ushuaia 88 militantes obreros, en su mayoría anarquistas (Ramírez 1935, 21-25). Aquella cárcel era reservada para los activistas “más conocidos”, en tanto que constituía el peor castigo posible. El resto de los detenidos fueron remitidos a La Plata o al presidio de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires.
Esa cárcel ofició de espacio de confluencia para los anarquistas de diferentes puntos del país, especialmente los provenientes de los Territorios Nacionales, o quienes tenían como destino definitivo la deportación u otros penales (Aráoz Alfaro 1967, 149; López Trujillo 2005, 42-44; Suarez 2013, 117; Scandizzo 2015, 8). A su vez, la cárcel de Devoto también funcionó como un espacio de encuentro para los ácratas, ya que fueron alojados dentro de un mismo pabellón para evitar su contacto con otros tipos de presos. Gran cantidad de individuos pasaron por aquel pabellón (Cuadro 3° bis), calculándose en más de mil, en tanto que convivieron allí un promedio de trecientos activistas que iban recambiando constantemente producto de los traslados.
En las cárceles también se generó mayor contacto entre militantes de diferentes ideologías. En el presidio de Devoto las relaciones entabladas entre anarquistas y comunistas fueron hostiles, derivando en peleas colectivas como la ocasionada en diciembre de 1931, dejando a muchos de estos últimos heridos por cortes de armas blancas (Varone 1989, 117; Mendoza y Scandizzo 1999, 61; Grunfeld 2000, 122-123). En cambio, en el presidio de Ushuaia no hubo conflictos de importancia, entablándose relaciones más armónicas con activistas de otras corrientes políticas (Varone 1989, 117-223; Bayer 2009c, 242).
Respecto a la delimitación de género es destacable la escaza presencia de mujeres involucradas en estos procesos de represión. Las referencias encontradas indican que Amelia e Isabel Mancebo, Josefa Cabrera y Encarnación Represas fueron detenidas y luego deportadas, mientras que María Méndez fue trasladada desde Río Negro hasta Buenos Aires junto con otros 13 anarquistas apresados (Scandizzo 2015). Por último, Salvadora Medina Onrubia, junto con Encarnación Represas y la comunista Angelica Mendoza, fueron retenidas en el Asilo del Buen Pastor, compartiendo su estadía junto a prostitutas, “mecheras” y criminales menores (Caimari 2004, 129-131; Escales 2019, 135-140). Las presas no solían estar ligadas a la actividad política o a la protesta social, sino a la “mala vida”. En este sentido, como las cárceles constituyeron ámbitos masculinos, las detenidas sufrían un doble estigma, como sujetos culpables de infringir alguna disposición legal y por no cumplir con el mandato social asignado a las mujeres como protectoras del hogar. Las militantes anarquistas solían tener un vínculo estrecho con el ambiente carcelario, pero no como presas, sino como suministradoras de víveres e información, ocupando un lugar destacado en los organismos de ayuda a los presos sociales, encargándose de ser el vínculo entre los detenidos y el mundo externo (Escribano 1982, 66-80).
Por último, otras medidas utilizadas por el Estado para combatir a los anarquistas fueron instrumentalizadas a través de limitar la libertad de expresión y propaganda. Ciertamente estos recursos fueron menos drásticos que los mencionadas anteriormente, pero no por ello menos eficaces. La prensa ácrata fue censurada tempranamente desde que Uriburu tomó el poder, logrando el objetivo de interrumpir la comunicación entre los integrantes del campo anarquista, dificultando la posibilidad de dar a conocer información que la prensa comercial no brindaba y de realizar convocatorias más amplias.
En aquellos primeros meses de la dictadura todos los órganos de prensa del movimiento anarquista sufrieron la persecución. La gran mayoría dejaron de publicarse momentáneamente durante los meses que duró el gobierno “de facto”, tanto los editados en la ciudad de Buenos Aires, como El Libertario (Alianza Libertaria Argentina) o Bandera Negra (Asociación Antimilitarista Argentina), como los publicados en el interior del país, tales como Verbo Nuevo (San Juan), Tierra Libre (Tucumán), Ideas y Libre Palabra (La Plata). Otros tantos periódicos nunca más volvieron a ver la luz[28], mientras que nuevas publicaciones surgieron y fueron ocupando su lugar a lo largo de la década del treinta.
Aquellos que lograron sortear la censura editándose de forma clandestina fueron La Antorcha (Varone 1989, 108-111), Anarchia, de la corriente expropiadora (Bayer 2009a, 314), La Organización Obrera[29], órgano de la FORA, y La Protesta. Esta última, recordemos, tenía una periodicidad diaria, pero desde el 11 de septiembre de 1930, cuando su taller fue allanado por primera vez, empezó a tener dificultades para sostener su regularidad. A partir del 28 de ese mes pasó a funcionar clandestinamente a cargo de un “grupo de emergencia”, comité que logró editar 8 ejemplares entre octubre y diciembre de ese año, para finalmente pasar a ser publicada desde Montevideo durante 1931.
La libertad de reunión también se vio cercenada durante esta etapa. Si bien los locales sindicales no fueron clausurados inmediatamente ocurrido el golpe de Estado, se convirtieron en lugares peligrosos para sus integrantes, ya que la policía se encargó de vigilarlos y de acechar a los concurrentes, generando el consecuente alejamiento de los trabajadores. Esta vigilancia también le propició a la policía la posibilidad de irrumpir en los locales en circunstancias precisas, al saber que en su interior se hallaban individuos influyentes que era de su interés detener. Por ejemplo, el 6 de octubre detuvieron a todos los integrantes del Consejo Federal y del Consejo Local de la Federación Obrera Local Bonaerense (FOLB) en su local de la calle Bartolomé Mitre 3270, en oportunidad de estar organizando los detalles de la primera huelga general convocada por la FORA.[30] La “restauración democrática”, sin embargo, tampoco significó el fin de estas privaciones, continuando la vigilancia policial sobre los espacios que frecuentaban los anarquistas.
Las medidas represivas ejecutadas por el gobierno “de facto” y la restricción de la vida pública constituyeron factores que provocaron graves limitaciones para la proyección de los anarquistas en los años treinta. Con el fin de combatir las políticas estatales que los estaban encorsetando recurrieron a diversas formas de protesta y a la difusión de su situación, bajo la proyección de interpelar a un auditorio más amplio, generar una opinión pública favorable a sus denuncias, y así condicionar las acciones del gobierno.
Una de las medidas más recurrentes utilizadas para expresar su repudio hacia la represión fue la propaganda escrita. Tanto los volantes callejeros,[31] como los periódicos, constituyeron medios de difusión donde los anarquistas expresaron sus protestas hacia las medidas adoptadas por el gobierno militar, aun cuando la circulación fuese más limitada y hayan tenido que circular de forma clandestina.
Otros mecanismos utilizados para visibilizar sus reclamos fueron las movilizaciones callejeras, tales como las marchas espontaneas realizadas por mujeres y niños en el centro de la ciudad de Buenos Aires en reclamo por la situación legal de sus familiares apresados sin condena.[32] En menor medida también se han registrado casos de atentados y resistencia armada como modalidad de protesta. En ese plano se registran acontecimientos tales como, los enfrentamientos que los militantes de la FORA de Tucumán[33] y de Necochea efectuaron contra la policía para oponerse a la clausura de sus locales (Iñigo Carrera 2016, 111), hechos de sangre, como el asesinato del mayor Rosasco a manos de Morán (Bayer 2009b, 93-96) las explosiones con bombas de estruendo utilizadas por los estudiantes universitarios de La Plata en la vía pública (Iñigo Carrera 2016, 254) o las detonaciones efectuadas en las vías de tren empleadas durante las huelgas generales convocadas por la FORA.[34]
Esta última modalidad de protesta, la huelga general, constituyó la herramienta más utilizada por el movimiento obrero para manifestar su descontento ante las políticas que afectaban sus intereses, superando el reclamo económico realizado por un gremio en particular. En el transcurso del año 1930 se puede observar el cambio operado en las campañas emprendidas por las organizaciones sindicales. Durante los últimos meses de gobierno de Yrigoyen las huelgas se multiplicaron en búsqueda de contrastar los efectos de la crisis económica sobre los asalariados, pero con la irrupción del golpe de Estado las paralizaciones se redujeron a su mínima expresión. El retroceso en las condiciones laborales se aceleró a partir de la confianza que asumieron los empresarios con el cambio de gobierno, reduciendo el 20% del salario real durante los tres años de recesión (Korol y Belini 2012, 102). Sumado a las medidas represivas, la desocupación contribuyó a que los gremios queden con poco margen de maniobra para reclamar por mejores condiciones, derivando en que las huelgas que se desarrollaron durante la dictadura hayan sido guiados por motivos sociopolíticos, antes que económicos.[35] Bajo ese contexto, la FORA impulsó cinco huelgas generales, tres durante 1930 y dos en 1931.
La primera de estas se realizó el martes 7 de octubre de 1930, decretada por la FOLB en repudio por la detención arbitraria de obreros, los allanamientos y la vigilancia policial de los locales, la censura a La Protesta, como también en rechazo a la militarización del puerto.[36]
Dos semanas después, y ante el endurecimiento de la represión, la FORA apeló a una nueva paralización de proyecciones nacionales para los días 21 y 22 del mismo mes, reclamando por la libertad de los presos, el fin de las deportaciones, el levantamiento del estado de sitio y el respeto de las libertades de prensa, de huelga y de reunión.[37] La medida contó con la adhesión de los sindicatos foristas, los autónomos y las agrupaciones del Comité de Unidad Sindical Clasista (CUSC) conducido por los comunistas. El radio de la protesta se extendió a los pueblos del conurbano bonaerense de Avellaneda, Lanús, San Martin, Morón, Remedios de Escalada, Lomas de Zamora y San Fernando, abarcando también las regiones de Santa Fe, Bahía Blanca y Mar del Plata.[38]
La última huelga general de 1930 fue convocada por la FOLB para el 9 de diciembre, en repudio a la condena a muerte de los choferes Gayoso, Montero y Ares, sobre quienes ya hicimos referencia. Los foristas se sumaron de manera inmediata al repudio manifestado por otras entidades, como la CGT[39], pero en vez de solicitar la clemencia de las autoridades, optaron por manifestar su descontento por medio de una huelga. Esta no tuvo una gran repercusión, más bien respondió a un impulso abrupto ante la apremiante situación de los condenados, considerando que: “No era posible quedarse inactivo en el momento, cuando era preciso e indispensable una actitud rápida y decidida… En lo primero que se pensó era en la huelga general, la que dada la situación en que se encuentra el pueblo argentino, dictadura militar, estado de sitio y ley marcial, sería difícil llevar a cabo; pero no era posible quedar con los brazos cruzados frente a lo que estaba por suceder.” [40]
En 1931 la actividad huelguística decayó significativamente en comparación con los años anteriores, pasando de un total de 125 huelgas durante 1930 a 43 en 1931, siendo solamente inferior la cantidad de 42 registrada en 1934.[41] Incluso, si en lugar de tomar las cifras proporcionadas por el DNT utilizamos los datos conferidos por Korzeniewicz en base a La Prensa, el año 1931 arroja la cantidad más baja de la década con un total de 18 huelgas, seguido por el año 1934 con 60 (Korzeniewicz 1993, 325). En ese marco, la CGT buscó entablar relaciones con autoridades del gobierno, mostrándose como un interlocutor válido por su carácter negociador y legalista. La estrategia que adopto la nueva central para paliar el malestar económico de los trabajadores fue canalizada a través del “Programa Mínimo”, el cual apuntó a ampliar la legislación laboral e intervenir en diversos organismos públicos para controlar su cumplimiento (Matsushita 2014, 124-125; Del Campo 2005, 73; García 2013, 47-49). Cabe aclarar que la CGT no secundó ninguna de las medidas de fuerza convocadas por la FORA durante la dictadura. La declaración fundacional emitida por la central fijó la posición de ser “independiente de todo partido político o agrupación ideológica, y por lo tanto prescindente en las acciones que estos lleven a cabo”[42] Con esta afirmación dejaron en claro la tendencia sindicalista asumida y su rechazo a emprender protestas públicas de carácter solidarias que pudiesen enemistarlos con las autoridades gubernamentales.
Por su parte, la FORA declaró otras dos huelgas generales durante 1931. La primera fue el 13 de enero, en apoyo al reclamo efectuado por el sindicato de choferes y los vinculados a la actividad portuaria (estibadores, guincheros, choferes, electricistas y conductores de carros), los cuales se opusieron a la implementación de un “certificado de buena conducta” exigido por el gobierno a los trabajadores de esos gremios (Camarero 2007, 161; Iñigo Carrera 2016, 109-110).[43] La otra huelga general de 1931 fue realizada el 11 de diciembre en el contexto del caso de las deportaciones del vapor “Chaco”, sobre el que hemos hecho referencia anteriormente. Ante la huelga de hambre efectuada por los presos sociales durante los días 6 y 14 de diciembre muchas organizaciones obreras publicaron solicitadas de repudio a las deportaciones en la prensa.[44] La FORA decidió superar los pronunciamientos por medio de impulsar una huelga general durante la fecha citada.[45] Este criterio también fue compartido por el Partido Comunista, quien convocó a los trabajadores a manifestar su protesta durante ese día, en tanto que “El partido Comunista sostiene y sostendrá cada lucha por los presos obreros, y en frente único con los combativos trabajadores foristas irán igualmente a la lucha para arrancar a aquellos de las manos de los verdugos”.[46]
Algunos militantes, sabiéndose en peligro, buscaron refugiarse de la persecución por medio diversas estrategias. Una manera de evadir la represión fue el traslado a regiones que escapasen a la mirada atenta de las fuerzas de seguridad. La experiencia relatada por Abad de Santillán es ilustrativa en este sentido. Al regresar de Uruguay se asentó la ciudad de Santa Fe, donde vivía su madre y sus hermanas, en búsqueda de un lugar seguro para no ser detenido por la policía en Buenos Aires. Su intención de no llamar la atención resultó exitosa, pero eso no evitó que se sintiese un “prisionero, sin salida segura fuera de la provincia” (Abad de Santillán 1977, 166). Fue en aquellos últimos meses de 1931 cuando empezó a escribir su libro sobre la historia de la FORA, obra canónica para la historiografía anarquista local. Aquel momento de exilio interno también lo aprovechó para delinear, junto con Juan Lazarte, el planteo de renovación teórico y táctica que terminó plasmándose en el libro Reconstrucción social.[47]
Otra manera de escapar de la persecución política se asentó en la práctica ya aplicada por los linyeras (o crotos). Esta comprendía asumir un estilo de vida nómade, desapegados de los bienes materiales y empleándose en distintos trabajos estacionales o por jornal para sobrevivir. Varios anarquistas tomaron este camino en algún momento de su vida por diversos motivos, pero una vez producido el golpe de Estado el peligro que acechó a aquellos sujetos sociales invitó a que más activistas, por lo general ligados a las áreas semi rurales, vean en aquella modalidad de vida una forma de escapar de la represión. Así lo atestiguan los casos de Finamori, un estibador de Necochea que emprendió su viaje como linyera por las provincias de Buenos Aires y Santa Fe al ser advertido por un policía local para que no aparezca más por la zona ya que estaba señalado para ser trasladado a la cárcel de Ushuaia. (Baigorria 2008, 68-69). De igual forma, Laureano Riera Díaz, obrero panadero de larga trayectoria militante, tomó la decisión de abandonar Pergamino para evitar ser alcanzado por la represión. Resolvió “recorrer el país simulando ser linyera, con la idea fija de enlazar con todos los compañeros que pudiera” (Riera Díaz 1981, 154). Así lo hizo durante un año recorriendo parajes tan distantes como Bahía Blanca, Tucumán, Entre Ríos y Santiago del Estero. Según su testimonio, dentro de las “ranchadas” de linyeras no encontró conciencia de clase, ni un idealismo revolucionario, pero sí un sujeto social anclado en la tradición gauchesca, de gran coraje y amante de la libertad individual.
En búsqueda de un refugio seguro, diversos activistas recalaron en Uruguay, especialmente en su capital, Montevideo. El traslado voluntario fue ejercido por algunos militantes que se sabían en peligro en Buenos Aires, tales como Manuel Villar y Diego Abad de Santillán por su rol en La Protesta. Esta ciudad se había convertido en un espacio de confluencia del anarquismo internacional de forma previa al golpe de Estado de Uriburu, ya que durante 1928-1929 se trasladaron allí una serie de militantes italianos que venían escapando del fascismo (como Fedeli y Fabbri), a donde luego arribaron refugiados de diversos países latinoamericanos, algunos expropiadores prófugos de Argentina como Miguel Arcángel Roscigna, los hermanos Moretti y Emilio Uriondo, y en 1930, luego de ser liberado de Ushuaia, Simón Radowizky (Migueláñez Martínez 2018, 206). Este contingente se amplió cuando empezaron a llegar los exiliados y deportados del otro margen del Río de la Plata, quienes se anexaron a la comunidad anarquista local (Costas 2023, 7).
La confluencia de los militantes libertarios de Argentina en Montevideo propició un espacio de colaboración entre los perseguidos por la dictadura, ya fuese con quienes se quedaron en Argentina o con aquellos que fueron expulsados. Al momento de producirse las primeras deportaciones desde el puerto de Buenos Aires hacia Europa, Abad de Santillán y Radowitzky ya residían en Montevideo, y, junto con otros ácratas locales como Palmieri, decidieron formar un grupo que se dedicó ayudar a los desterrados. Su primera misión fue conseguir que los deportados logren desembarcar en la costa uruguaya y no prosigan viaje hasta sus países de origen (donde por lo general imperaban regímenes autoritarios). Este comité, amparándose en la vigencia de una antigua ley local que disponía que por su territorio no podían pasar detenidos políticos en contra de su voluntad, consiguió el apoyo de las autoridades políticas para poder revisar los barcos sospechosos de transportar presos políticos. Luego de haber realizado una liberación forzada con la ayuda de trabajadores portuarios, la Prefectura de Montevideo fue instruida para que acompañen a la comisión formada por los anarquistas en su inspección de las embarcaciones argentinas y liberar a los deportados (Abad de Santillán 1977, 142-146; Marti 2010, 260-262).
El segundo problema que tuvo que atender este grupo de activistas solidarios fue el de la ayuda material a los recién llegados, para que obtengan trabajo y un lugar donde habitar, dificultad que fue creciendo al mismo ritmo en que las deportaciones se fueron multiplicando, alcanzando un promedio de trescientos individuos. A medida que los militantes porteños se fueron asentando, Montevideo pasó a representar un espacio desde donde se pudo sostener ciertos proyectos anarquistas. Por caso, allí se trasladó el secretariado de la Asociación Continental Americana de Trabajadores (ACAT) -fundada en Buenos Aires en 1929-[48]; o donde pasó a imprimirse el periódico La Protesta durante 1931, para luego ser ingresado a la Argentina de forma clandestina. Incluso, esta ciudad ofició de punto de encuentro entre miembros de la tendencia anarco-bolchevique (García Thómas y Barcos) y militantes del yrigoyenismo, en donde pergeñaron las tácticas insurreccionales a seguir para deponer al gobierno de Uriburu (Doeswijk 2013, 276-280; López Marsano y Salas 2017, 78-84).
Las divergencias manifestadas entre la FORA y La Protesta que hemos señalado anteriormente respecto a qué se debía hacer ante el golpe militar se presentaron en un contexto de creciente hostilidad entre ambas entidades. En los meses previos al alzamiento ya habían cruzado acusaciones mutuas en torno a diferentes puntos, la FORA manifestó su malestar ante el acercamiento que el periódico empezó a tener con las agrupaciones libertarias favorables al especifismo,[49] mientras que La Protesta acusó a la federación obrera de estar mostrando poco interés ante los problemas planteados por la coyuntura política (Benclowicz 2020, 242-243).
Este proceso de diferenciación da cuenta del cambio de actitud asumido por los principales redactores de La Protesta tiempo atrás. Durante 1929 las discusiones al interior del periódico fueron en aumento entre el grupo editor, conformado por: Abad de Santillán, Acha, Benassi, Mancebo y López Arango. El asesinato de este último por parte del grupo de Di Giovanni en octubre de aquel año generó un gran revuelo dentro del movimiento anarquista, derivando en expresiones de dolor y reclamos de justicia (Bayer 2009a, 233-234). Pero al mismo tiempo, la ausencia de una figura de tanta presencia como la de Emilio López Arango, facilitó el acercamiento entre sectores que se hallaban enfrentados. Abad de Santillán fue un actor clave en este proceso, ya que progresivamente se fue alejando de las posiciones más intransigentes que había sostenido años atrás desde La Protesta[50], y buscó entablar un mayor dialogo con los militantes pertenecientes a la corriente antorchista. A mediados de 1930 esta aproximación se encontraba en marcha, pero, como expresa Luciana Anapios: “…(el) clima de tolerancia fue efímero y pasó casi inadvertido. En septiembre de 1930 el golpe de estado de Uriburu interrumpió el proceso interno de acercamiento entre las dos principales corrientes del movimiento… el reencuentro se produjo finalmente porque la persecución a todos por igual fue determinante.” (Anapios 2012, 236).
Queda claro que las circunstancias políticas impusieron nuevas prioridades, trastocando el proceso político operado al interior del anarquismo de forma previa a la dictadura. Pero al mismo tiempo, la persecución y las experiencias carcelarias en común estrecharon los vínculos entre militantes. La política esgrimida por Abad de Santillán dentro La Protesta quedó cristalizada cuando, al terminar la dictadura, se incorporaron al cuerpo de redacción dos antiguos contrincantes de sus postulados, Jacobo Maguid[51] y Jacobo Prince[52] (Cimazo 1995, 28-29; Miguelañez 2018, 221). Desde su relanzamiento, a principios de 1932, los talleres del periódico se convirtieron en un lugar de encuentro para militantes de diferentes tendencias como Bianchi, Badaraco, Huerta, Balbuena, Villar y Falaschi, concretando así el acuerdo respecto a un mayor vínculo entre anarquistas, adoptado en la reunión realizada en la Boca antes del golpe de Estado.
Otro ejemplo que da cuenta de la mayor porosidad que se efectuó dentro del campo ácrata lo demuestra la experiencia emprendida por la revista Nervio. Esta publicación fue fundada en 1931 por Kaplan y Ferreira, e inicialmente se presentó como una revista ecléctica e independiente. Incluso su subtítulo rezaba dedicarse a las “Ciencias, Artes, Letras”, publicando trabajos de Longuet, Aguirrebeña, Iscar, Alfonsina, Portogalo, Castelnuovo, Brumana y Echegaray. Luego de 1932 la publicación fue decantando hacia una postura más nítidamente anarquista, sin por ello rehusar de la colaboración de individuos pertenecientes a otras corrientes políticas. En este proyecto participaron todas las grandes plumas del anarquismo local, e incluso muchas del plano internacional, coincidiendo en sus páginas autores de diferentes corrientes que, como venimos señalando, en los años veinte se peleaban agriamente, tales como: Yunke, Lazarte, Abad de Santillán, Prince, Balbuena, Aguzzi, Lunazzi, Leval, Roqué, Badaraco, Gonzáles Pacheco, Maguid, Carpio y otros (Saítta 2001, 416-418; Pons 2011, 5-8; Anapios 2012, 133; Devés 2014, 106; 2017, 10-11).
Además de estos puntos de encuentros propiciados por las dos publicaciones mencionadas, quisiéramos hacer referencia a otra experiencia que dio lugar al acercamiento de los activistas libertarios, aunque no fuese de forma voluntaria, y que quedó grabada como un hito histórico del anarquismo criollo por su particularidad, Nos referimos al Congreso efectuado en la Cárcel de Villa Devoto.
Como hemos hecho referencia anteriormente, la detención de grandes contingentes de militantes anarquistas produjo un punto de encuentro forzado dentro de aquella Cárcel de Encausados. Ante esa situación, los libertarios aprovecharon sus horas de encierro para entablar diálogos y debates, facilitando la comunicación entre integrantes de tendencias del movimiento con posiciones contrapuestas. La represión sufrida por igual derivó en un mayor entendimiento y en la relajación, sino en la superación, de las diferencias preexistentes.
Producto de esos debates se planificó la realización de un “Congreso” clandestino al interior del presidio. Los ejes de lo discutido versaron sobre la necesidad de limar asperezas y tener un dialogo fraterno, entablar una mayor coordinación entre las diferentes tendencias, y la preocupación común ante el crecimiento de los comunistas. La participación en este evento fue muy diversa en cuento a las trayectorias militantes, pero fueron los más jóvenes quienes jugaron un rol determinante para su concreción, dada la poca voluntad de cambio y cooperación que percibieron entre los militantes de más larga trayectoria.
El registro de los debatido en este congreso fue firmado por 73 hombres procedentes de diferentes regiones de Argentina, aunque con un notable predominio de la ciudad de Buenos Aires y los pueblos vecinos, junto con un puñado de militantes de La Pampa y Río Negro. Una vez finalizada la dictadura se dio publicidad a los acuerdos alcanzados por medio de la prensa del movimiento, constituyendo las bases programáticas que dieron pie a la creación del Comité Regional de Relaciones Anarquistas (CRRA), entidad fundada luego de realizado el Segundo Congreso Anarquista de Argentina en diciembre de 1932, en la ciudad de Rosario (Riera Díaz 1981, 175; Cimazo 1995, 24-26; Grunfeld 2000, 117-121; Pérez 2002, 10-11; López Trujillo 2005, 47-51).
La irrupción de los militares comandados por Uriburu en la escena política trastocó la vida de los habitantes de Argentina en varios aspectos. Desde la interrupción de la representación política y la vigencia del estado de sitio, pasando por la propagación de discursos reaccionarios, la censura aplicada sobre los medios de comunicación que se mostraron críticos y el proyecto de reorganizar el sistema político en base al corporativismo, hasta la anulación de las elecciones y la implementación del fraude, entre tantos otros elementos que dan cuenta de las graves implicancias que tuvo el alzamiento perpetuado en 1930. Como queda en evidencia, este cimbronazo político no solo afectó al bando yrigoyenista depuesto, sino también a sectores de la sociedad civil excluidos de la disputa política en pugna, e incluso a muchos de quienes pergeñaron el golpe de Estado junto con los miembros del Ejército.
El movimiento libertario, claro está, no fue la excepción. Una vez controlado el sector hacia quienes se dirigió inicialmente el golpe, el nuevo gobierno aprovechó la situación reinante para sacarse de encima a quienes recurrentemente fueron catalogados como un problema político, como naturalmente lo representaban los anarquistas por su posición antiestatista. El impacto inicial de la persecución política derivó en la fragmentación y disolución de muchos núcleos militantes, algunos individuos debieron optar por el exilio para no ser detenidos, mientras que el sostén de una postura más confrontativa fue quedando relegada a sectores reducidos que tuvieron que actuar desde la clandestinidad. Los ataques perpetrados por la dictadura fueron muchos y de gran contundencia, pero aun así esto no significó el fin de esta corriente. Más bien, su desarrollo histórico sufrió una inflexión que derivó en una reconfiguración en el mediano plazo.
Como toda crisis, la dictadura también sirvió como un momento para la reflexión y la autocrítica. Se propiciaron instancias para entablar un mayor dialogo entre diferentes sectores, limando asperezas y buscando entablar una colaboración mutua, incluso, proyectando nuevas estrategias organizativas. De este proceso el anarquismo salió transformado, en tanto que las alianzas vigentes en septiembre de 1930 ya no serán las mismas en febrero de 1932.
Ahora, ¿qué efectos causó la represión y la restricción de las libertades civiles sobre el anarquismo? El recorrido que hemos realizado sobre los diferentes mecanismos represivos dejó ver que los cambios políticos operados a principios de los años treinta derivaron en que las funciones encargadas a la Policía fueron otras, modificando los objetivos y la intensidad de su accionar, caracterizándose por adoptar como prioridad la persecución hacia las tendencias revolucionarias del movimiento obrero.
La censura sobre la propaganda escrita y la prohibición de realizar actos públicos cercenó la posibilidad de dar a conocer sus propuestas y atraer a nuevos interesados a sus filas. En igual sentido, la clausura de los locales y bibliotecas también atentaron contra el desarrollo de la vida pública de los ácratas, restringiendo la actividad al sostén de las instituciones existentes por parte de los militantes más convencidos, y consecuentemente, minimizando la participación de un público más amplio por temor a las represalias. Las deportaciones, según la información brindada por los informes policiales, se ajustaron al perfil de militantes caracterizados como personas peligrosas por el uso de una oratoria provocativa e incendiaria, o por estar comprometidos en atentados u otros hechos de violencia. Por tanto, se desprende que los comprendidos en las deportaciones eran anarquistas “de acción”, aunque no necesariamente “expropiadores”, sino ligados a la actividad gremial.
El accionar represivo puede considerarse un éxito en varios sentidos. Por un lado, logró imponer el miedo en amplias capas de la sociedad, especialmente entre los sectores populares, a partir de una aplicación ejemplificadora. Las actividades públicas, como actos, reuniones, movilizaciones o demandas colectivas fueron cercenadas. Y la división dentro del movimiento obrero se acrecentó a partir de la política de prudencia y diplomacia asumida por la CGT, contribuyendo así a un mayor aislamiento de los sectores que presentaron resistencia.
Aun encontrándose bajo un panorama adverso, los anarquistas no se contentaron con ejercer una crítica formal a las políticas implementadas por la dictadura por medio de solicitadas en los periódicos. Por el contrario, emprendieron una pelea frontal contra el gobierno. Una pelea asimétrica y de efectos contradictorios, pero impulsada por su instinto de supervivencia política. En este sentido, el repertorio de las acciones de protesta empleadas cobra particular relevancia para comprender los efectos que tuvo el golpe militar entre los libertarios. A la propaganda escrita de denuncia y las manifestaciones públicas, se sumaron las declaraciones de huelga general, las cuales, más allá de su especificidad, compartieron el objetivo de contrarrestar el sentido común autoritario y denunciar las medidas que afectaban de forma directa a los trabajadores, guardando la expectativa de recuperar las libertades civiles y transformar el estado de situación hacia un contexto más favorable. También las acciones armadas, posibles o concretadas, jugaron un rol destacable en la configuración de las respuestas esgrimidas por los anarquistas. La interpelación a la conspiración, o la realización de atentados y ajusticiamientos, constituyeron medidas justificadas y alentadas, incluso por sectores del movimiento que había criticado la utilización de la violencia como herramienta política tiempo atrás.
Es comprensible que este proceder haya generado dilemas tácticos de trascendencia, ya fuese respecto a la adecuación de los métodos de lucha a implementar, como en la coordinación de las acciones, sea entre anarquistas de diferentes tendencias o con integrantes del yrigoyenismo depuesto. También es destacable la relación de causalidad entre las protestas desplegadas y la represión ejercida. Luego de cada huelga, de cada volante intimidatorio, de cada complot formulado, el Estado respondió certeramente sobre los responsables más visibles de las acciones emprendidas, impidiendo su reproducción y debilitando aún más al conjunto del movimiento libertario.
Las consecuencias que este proceso histórico ejerció sobre cada tendencia del anarquismo no fueron homogéneas. En el caso de la FORA, es sabido que durante la década anterior ya se encontraba en un proceso de decrecimiento, sin embargo, a lo largo del año 1930 los conflictos sindicales recrudecieron al calor de los efectos de la crisis económica. Esta movilización obrera en creces declinó a partir del golpe de Estado, por tanto, el rol que pudo ejercer la FORA en este impulso se vio restringido. Además, la constante represión generada sobre sus sindicatos por medio de allanamientos y clausuras de sus locales, junto con la vigilancia y el permanente acecho sobre sus asistentes, contribuyeron a que varias organizaciones se vieran desarticuladas o empujadas a adoptar un perfil semi clandestino, y que muchos de sus integrantes se alejaran de estas por considerarlas peligrosas, tanto para su integridad física, como para su estabilidad laboral. La CGT ofreció un contraste importante en este aspecto. La estabilidad institucional y el proceder legalista de sus organizaciones le confirieron un mayor resguardo ante la persecución policial, y por ende, un punto de atracción para muchos obreros que no querían correr la misma suerte que los foristas.
Al mismo tiempo, la tendencia especifista maduró y logró mostrarse como una opción adecuada ante los condicionantes de la época. Propagaron la idea de que la asociación política entre los mismos anarquistas facilitaría la reagrupación de los adscriptos a esa ideología en todo el territorio, al mismo tiempo que propiciaría mecanismos de mayor seguridad ante la persecución y la infiltración política. Estos planteos supieron brindar una respuesta acorde a la transformación política del país, dando vida al proyecto de la CRRA, y posteriormente a la fundación de la Federación Anarco Comunista Argentina (FACA) en 1935.
Por su parte, la tendencia anarco-bolchevique siguió actuando durante esta etapa pero ya encontrándose de forma muy disminuida al momento del golpe. Las intervenciones de esta corriente se produjeron sobre todo a título individual por parte de sus militantes más destacados, García Thomas y Barcos. Muchos de quienes engrosaron sus filas en la década del veinte pasaron a integrar otros proyectos, acercándose al Partido Comunista o vinculándose con las agrupaciones especifistas que formarían el CRRA.
El sector que más sufrió los efectos de la represión fueron los catalogados como expropiadores. El gobierno militar los persiguió con todo el rigor que le confirió el estado de excepción, asesinando de forma legal o ilegal a sus integrantes más destacados. Esta persecución, en realidad no se limitó a los años de la dictadura, sino que prosiguió bajo la administración de Justo. Para mediados de la década del treinta esta corriente se encontró virtualmente extinta. Sin embargo, esto no significó la desaparición de activistas anarquistas prestos a conformar “grupos de acción” para efectuar acciones ilegales en apoyo las luchas sociales, como puede ser la defensa armada o el sabotaje, pero lo que dejó de ser un practica recurrente fueron los robos con fines políticos.
La dictadura de 1930, por tanto, ejerció importantes repercusiones en el desarrollo del anarquismo local. La acción represiva desplegada dispersó al activismo, reduciendo su influencia social, aisló a los militantes más destacados por medio de las detenciones, deportaciones o el exilio, contribuyendo también a que se generen encuentros fortuitos dentro de los espacios de reclusión. Al mismo tiempo, ese acontecimiento bisagra de la historia Argentina llevó a que el anarquismo sufra grandes modificaciones en su interior producto de replanteos tácticos y organizativos, entablando nuevas alianzas y nuevas tensiones, lo cual derivó en un período de transformación que reconfiguró el mapa del movimiento libertario en los años siguientes.
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* Profesor en Historia (ISP "Joaquín V. González"), Magister en Investigación Histórica (Universidad de San Andrés). Docente en Universidad de Buenos Aires, Universidad de San Andrés, Instituto Superior de Formación Docente N° 1 “Abuelas de Plaza de Mayo” e Instituto Superior del Profesorado "Joaquín V. González". Autor del libro Negras tormentas. La FORA anarquista en la ciudad de Buenos Aires (1930 - 1943), Grupo Editor Universitario, 2023.
[1] DNT, Crónica Mensual del Departamento Nacional del Trabajo, Año XIII, N°151, Buenos Aires, septiembre 1930, p. 3311.
[2] Ibidem.
[3] Para profundizar sobre la transformación del movimiento obrero durante la década del treinta y el proceso de institucionalización, consolidación de postulados reformistas y reivindicaciones nacionalistas, ver: Del Campo (2005); Godio (1989); Matsushita (2014).
[4] Varios periódicos anarquistas de relevancia, como La Antorcha, Ideas, El Libertario (ALA) y Umanita Nova, no publicaron nuevos números luego de las ediciones realizadas para el mes de mayo de 1930, dificultando el poder profundizar en las posiciones públicas asumidas por sus integrantes de forma contemporánea ante el inminente golpe de Estado.
[5] La Protesta, 9/9/30, p. 3; La Protesta, 11/9/30, p. 3.
[6] La Vanguardia, 11/09/1930, p. 5.
[7] Libertad, 13/09/1932, p. 4.
[8] La Vanguardia, 5/9/1930, p. 1.
[9] La Vanguardia, 12/9/1930, p. 1.
[10] La Protesta, 31/8/1930, p. 1
[11] Aún hasta el 28/9 se hayan artículos convocando a ser prudentes con el nuevo gobierno, ya que todavía no hubo ningún ataque al movimiento obrero de forma directa —más allá de la censura a la prensa afín—, augurando que si se mantiene la mesura se podría sobrepasar el golpe quedando intactos. Ver Zerans, La Protesta, 28/9/1930, p. 3
[12] Según un testimonio recogido por Osvaldo Bayer, también se realizó una reunión con idénticos fines en la localidad del conurbano bonaerense de Alejandro Korn, a la cual asistieron varios militantes antifascistas y anarquistas, entre ellos, personas tan contrapuestas como Di Giovanni y Abad de Santillán (Bayer 2009a, 499).
[13] López, Avelino, La Protesta, 12/4/1931, p. 4
[14] Por caso, la detención y fusilamiento de Penina responde al hecho de ser el responsable de un manifiesto en contra del golpe militar que le encomendó esta federación local (Quesada 1974, 53-54).
[15] Verbo Nuevo, 15/9/1930, p. 4.
[16] La Protesta, 30/9/1930, p. 1.
[17] FORA, Memoria. Actas y Acuerdos. Reunión regional de delegados celebrada en Rosario del 28 de septiembre al 5 de octubre de 1934, Buenos Aires, 1934, p. 12.
[18] La Organización Obrera, N° 9, 31/10/1930, p. 1.
[19] Los otros dos detenidos, Victorio Constantini y Pablo Porta, no fueron fusilados por carecer de antecedentes policiales, pero fueron expulsados de la provincia (Quesada 1974, 92).
[20] La Prensa, 7/12/1930, p. 15; Critica, 6/12/1930, p. 3 y 6; Santa Fe, 9/12/1930, p. 1; Caras y caretas, 13/12/1930, p. 82.
[21] Boletín La Organización Obrera, N° 10, diciembre 1930.
[22] Critica, 9/12/1930, p. 1; La Prensa, 10/12/1930, p. 14, Caras y caretas, 27/12/1930, pp. 4-7; Libertad, 10/12/1930, p. 1
[23] La Antorcha, 1/11/1931, p. 1; La Protesta, 28/6/1931, p. 1. También ver: Bayer (2009b, 86-88)
[24] La Protesta, 21/2/1932, p. 2.
[25] La Protesta, Montevideo, 1/5/1931, p. 1 También ver: Camarero (2007, 170).
[26] Originalmente el gobierno provisional manejó la posibilidad de acrecentar esa cifra sobre otros 301, orden que no llego a cumplirse, presumiblemente por el revuelo político que produjeron las deportaciones anteriores y la impresión favorable que quería causar la administración entrante. Ver: Prefectura General de Policía, 17/2/1932, pp. 1-6 (AGN, Archivo Intermedio. Expedientes Secretos, Confidenciales y Reservados, caja 149, folios 14-19).
[27] Prefectura General de Policía, 2/2/1932 (AGN, Archivo Intermedio. Expedientes Secretos, Confidenciales y Reservados, caja 149, folios 5-8).
[28] Por ejemplo: Pampa Libre (General Pico, La Pampa), Brazo y Cerebro (Bahía Blanca), El Coya (Salta), Voluntad (Mendoza) y Carácter (Corrientes).
[29] Boletín de La Organización Obrera, N° 9, 31/10/1930, p. 4.
[30] Crítica, 6/10/1930, p. 5; La Vanguardia, 7/10/1930, p. 5.
[31] Tómese por ejemplo el volante titulado “Galería de grandes criminales”, escrito por el expropiador Miguel Ramos y arrojado desde autos en movimiento en la madrugada del 20 de septiembre (Bayer 2009a, 313-314).
[32] La Antorcha, 25/10/1930, p. 3.
[33] Testimonio de Jesús Gil en Atán (2000, 23).
[34] La Antorcha, 25/10/1930, p. 1.
[35] La Gran Depresión iniciada con el crac de Wall Street en octubre de 1929 tuvo alcance global, produciendo la reversión de flujos de capital, el deterioro de las cuentas públicas, la caída de los precios internacionales, la ruptura de lazos comerciales, la instalación de barreras proteccionistas y control de cambios, el abandono del patrón oro y la devaluación de la moneda. En Argentina esta crisis tuvo un fuerte impacto como consecuencia de su modelo abierto al comercio mundial y la dependencia del flujo de capitales extranjeros. Entre 1929 y 1932 el PBI se contrajo el 14%, los precios de exportación descendieron el 64% y los términos de intercambio un 40%. El sector más afectado fue el agropecuario, produciendo la quiebra de muchos productores, el crecimiento de la desocupación y la expulsión de la mano de obra rural hacia las ciudades. La crisis también afectó al sector terciario y, en menor medida al manufacturero, cuyo escaso desarrollo no pudo absorber la mano de obra desempleada que crecía día a día y que se nutría de los aportes migratorios del interior (Korol y Belini 2012, 67-71; Gerchunoff y Llach 1998, 113-116).
[36] Boletín La Organización Obrera, N° 7, 6/10/1930; Crítica, 7/10/1930, p. 3; La Vanguardia, 8/10/1930, p. 5; La Protesta, 12/10/1930, p. 3; La Antorcha, N° 301, 16/10/1930, p. 4; Libertad, 8/10, p. 4. También ver Horowitz 2004, 29-30.
[37] Crítica, 20/10/1930, p. 6; Libertad, 21/10/1930, p. 3; La Prensa, 21/10/1930, p. 17; Boletín de La Protesta, 20/10/1930, p. 1.
[38] La Protesta, 2/11/1930, p. 3; Crítica, 22/10/1930, p. 7; La Antorcha, 25/10/1930, p. 3.
[39] Esta central dio a conocer una conocida declaración en la cual apeló a la clemencia del gobierno para que la condena a muerte de los choferes sea conmutada por cualquier otra pena en función de la falta de antecedentes policiales de los acusados. El tono complaciente de la declaración, en nombre de las “fuerzas sanas del país”, generó recelos al interior del movimiento obrero, por lo cual, una vez finalizado el gobierno de Uriburu, la CGT debió publicar un artículo en su órgano de prensa justificando lo actuado en aquel momento, argumentando que: “No quedaba otro camino que el de solicitar la gracia. La Mesa Directiva no vaciló en prescindir de ciertos principios, sin duda respetables, pero que hubiera impedido su libre desenvolvimiento ante el dilema que se le presentaba, de salvar tres vidas humanas.” En: Boletín de la CGT, N° 1, 15/1/1932, p. 1. También ver: Del Campo (2005, 105-106).
[40] La Protesta, 14/12/1930, p. 3. También ver: Crítica, 6/12/1930, pp. 3 y 6; La Prensa, 7/12/1932, p. 15; Boletín La Organización Obrera, N° 10, diciembre 1930, p. 1; La Antorcha, N° 305, 10/1/1931, p. 1; Varone (1989, 110).
[41] DNT, Estadística de las huelgas, División de Estadística, Ministerio del Interior, Buenos Aires, 1940, p. 20.
[42] El Obrero Ferroviario, N° 190, 1/10/1930, p. 2, en Reinoso (1987, 15).
[43] La Nación, 14/1/1931, p. 10.
[44] La Vanguardia, 4/12/1931, p. 5; Ibid., 8/12/1931, p. 1; Ibid., 15/12/1931, p. 5; El Orden, 9/12/1931, Santa Fe, p. 1.
[46] Comité Central del Partido Comunista, ¡A la huelga contra las deportaciones! ¡Fuera el perr (sic) Uriburu!, Buenos Aires, 11/12/1931 (AGN. Fondo Uriburu, Folio 49).
[47] Ambos textos publicados bajo Ediciones Nervio en 1933.
[48] La Continental Obrera, Nº 1, 2º Época, 15/9/1932, p. 6.
[49] Se denomina con este nombre a las organizaciones políticas integradas por anarquistas, las cuales se aglutinan a partir de su adhesión a esta ideología especifica, antes que por compartir un ámbito de militancia social determinado (sindical, cultural, estudiantil, etc.). Estas organizaciones discutían como sería la mejor manera de intervenir en cada espacio de militancia, para que luego sus integrantes busquen llevar adelante la estrategia asumida desde la agrupación política.
[50] Sobre las críticas ejercidas por López Arango y Abad de Santillán a la corriente anarquista del especifismo, en base a la defensa de los postulados de la FORA, ver el libro escrito en conjunto: El anarquismo en el movimiento obrero (1925).
[51] Alias Jacinto Cimazo, oriundo de la militancia estudiantil de La Plata.
[52] Herido de bala y lisiado de por vida producto de un enfrentamiento entre foristas y antorchistas en 1924 en La Pampa.